Santiago Peña ha renunciado a la presidencia de Paraguay, sumándose así al listado de mandatarios en América Latina que no lograron completar su período constitucional sin que ello implicara un quiebre democrático en el país. La salida del ahora expresidente se produce en un contexto de profunda inestabilidad financiera y política, desencadenada por el colapso de una entidad bancaria clave.
El detonante de la crisis fue la quiebra de Ueno Bank, anunciada oficialmente el pasado 3 de noviembre. El impacto económico ha sido masivo, dejando congelados los ahorros de aproximadamente 3 millones de clientes, una cifra alarmante considerando que la población total de Paraguay es de 6,1 millones de habitantes. La gravedad de la situación se incrementó al revelarse que Ueno Bank administraba US$355 millones pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS) y gestionaba los pagos de más de 30.000 jubilados, lo que generó un clima de desesperación y malestar social.
La crisis política se intensificó debido a la relación personal del entonces mandatario con la entidad financiera. Santiago Peña poseía inversiones en Ueno Bank y ya había sido cuestionado en 2024 por presuntos conflictos de interés. Aunque el presidente vendió su participación durante el primer semestre de 2025, la quiebra del banco y el consecuente "corralito" provocaron manifestaciones masivas tanto en las sucursales de la entidad como en las inmediaciones del Congreso Nacional.
La situación escaló rápidamente cuando sectores de la oposición y miembros de la disidencia “Colorado Añetete” del Partido Colorado —el partido gobernante— impulsaron la apertura de un juicio político para su destitución. El golpe definitivo llegó la mañana del jueves 5 de noviembre, cuando Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y líder de la facción oficialista “Honor Colorado”, anunció a través de sus redes sociales que acompañaría la solicitud de juicio político contra Peña.
Este escenario pone de relieve una constante en la historia política paraguaya: la salida prematura de presidentes precipitada por conflictos internos en los partidos gobernantes. El caso de Peña recuerda a lo ocurrido en 1999 con Raúl Cubas, quien renunció bajo un juicio político y tras fuertes disputas con su vicepresidente, Luis María Argaña. De igual forma, evoca el juicio político "exprés" de 2012 contra Fernando Lugo, apoyado por congresistas del Partido Liberal Radical Auténtico, y el proceso iniciado en 2019 contra Mario Abdo Benítez por legisladores de su propio partido, aunque este último fue desactivado.
Desde una perspectiva regional, la renuncia de Santiago Peña destaca por la rapidez de su ejecución. A diferencia de otros mandatarios que agotan todos los recursos legales para mantenerse en el poder —como fue el caso de Dilma Rousseff en Brasil, cuyo proceso de impeachment se extendió desde finales de 2015 hasta agosto de 2016—, Peña abandonó el cargo casi inmediatamente después de que la crisis estallara. Solo el caso de Fernando Lugo, cuyo juicio duró menos de 48 horas en 2012, se asemeja en velocidad a la salida de Peña, quien apenas resistió dos días tras hacerse pública la quiebra de Ueno Bank.
Analistas sugieren que la débil institucionalización de los partidos paraguayos es una causa fundamental de estas crisis recurrentes. La falta de estructuras sólidas impide que los partidos procesen y absorban shocks políticos, dejando a los mandatarios vulnerables. Un paralelismo se encuentra en el caso de Alberto Fujimori en Perú en el año 2000; a pesar de haber gobernado por una década, la falta de soporte institucional ante el escándalo de los "vladivideos" precipitó su renuncia vía fax desde Japón.
Con esta salida, Santiago Peña se convierte en el presidente número 27 de la región en ser catalogado como "fallido" o "fracasado" por no concluir su mandato. El último caso registrado antes de este había sido el de José Jerí en Perú, a comienzos de 2026.
Se prevé que la crisis no termine con la renuncia del mandatario, ya que las protestas por los ahorros congelados persisten. Además, el panorama político sigue tenso debido al tira y afloja entre Horacio Cartes, la facción Colorado Añetete y la oposición sobre la posibilidad de proseguir con un juicio político. El futuro legal de Peña dependerá de que su renuncia sea aceptada formalmente, lo que le permitiría convertirse en senador y obtener el fuero parlamentario para evitar posibles consecuencias judiciales.
