En un análisis sobre la naturaleza y el alcance de las instituciones encargadas de la protección de los derechos fundamentales, se ha planteado la necesidad de que la figura del Defensor del Pueblo trascienda sus funciones tradicionales para convertirse en el mediador social por excelencia. Esta postura, reafirmada recientemente, sostiene que dicha institución, como órgano nacional de derechos humanos, posee el potencial de transformarse en un espacio fundamental de acercamiento y entendimiento entre los diversos actores que componen la sociedad.
El planteamiento surge a raíz de una reflexión sobre el proceso de evaluación para la escogencia del Defensor del Pueblo ante la Cámara de Diputados. En dicho espacio, se sostuvo que la esencia de este cargo debe estar ligada a la mediación, una convicción que se mantiene vigente bajo la premisa de que el órgano estatal puede intervenir activamente para asumir compromisos que eviten la escalada de reclamos sociales.
Uno de los puntos centrales de este análisis es la aclaración de una confusión frecuente en la opinión pública respecto a los derechos humanos. Se ha observado que, en reiteradas ocasiones, se tiende a identificar los derechos humanos directamente con las organizaciones no gubernamentales (ONG), tratando ambos conceptos como si fueran equivalentes. Sin embargo, se subraya que se trata de realidades distintas: mientras que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a toda persona por su sola condición humana —con el fin de garantizar la dignidad, la libertad, la igualdad y el desarrollo integral—, las ONG son entidades privadas creadas para impulsar causas basadas en agendas temáticas específicas.
Esta distorsión conceptual ha generado que, para una parte de la ciudadanía, hablar de derechos humanos se convierta en un sinónimo de denuncias, reclamaciones, conflictos o enfrentamientos directos con las autoridades. No obstante, se argumenta que esta percepción no refleja la verdadera dimensión de la defensa y promoción de estos derechos. El propósito de proteger los derechos fundamentales no debe limitarse únicamente a señalar vulneraciones o a exigir responsabilidades, sino que debe implicar el fomento de una convivencia basada en la tolerancia y la búsqueda constante de soluciones.
Bajo esta óptica, los organismos públicos dedicados a la protección de los derechos fundamentales están llamados a desempeñar un rol que supere la simple vigilancia del cumplimiento de las normas. Se propone que actúen como conciliadores entre la población y los tomadores de decisión, creando espacios donde las preocupaciones ciudadanas sean escuchadas y atendidas de manera oportuna, lo que permitiría disminuir las tensiones sociales. Un ejemplo concreto de esta labor sería el desempeño de un rol de "descongestionamiento" de las estructuras estatales ante situaciones de inconformidad, tales como la convocatoria de huelgas, paros de transporte o protestas, facilitando así la llegada a soluciones efectivas.
En cuanto al marco legal, se reconoce que la Constitución y la Ley núm. 19-01 establecen que la función principal del Defensor del Pueblo es salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y supervisar la actuación de la administración pública y de las entidades privadas que prestan servicios de interés colectivo. Sin embargo, se sostiene que estas atribuciones tienen un carácter enunciativo y no limitativo.
En consecuencia, basándose en el principio de que lo que no está prohibido está permitido y en el principio de favorabilidad, se argumenta que, al no existir una prohibición expresa, el Defensor del Pueblo puede promover iniciativas orientadas a fortalecer el diálogo social y favorecer la construcción de consensos que eviten confrontaciones innecesarias.
Desde esta perspectiva, las garantías institucionales de los derechos fundamentales alcanzan su punto máximo de eficacia cuando funcionan como un "vaso comunicante" entre las preocupaciones de la ciudadanía y las respuestas de las instituciones públicas. Si bien reclamar cuando corresponde es parte de su misión, promover el diálogo constituye una contribución valiosa para la estabilidad social.
Se plantea que una comunidad que se siente escuchada puede posponer una protesta, o que un sector laboral puede replantear una huelga si encuentra canales de comunicación abiertos. De este modo, las diferencias que parecen destinadas a la confrontación podrían encontrar una salida mediante el entendimiento, encauzando las demandas por vías institucionales antes de que se transformen en conflictos de mayor dimensión, permitiendo la transición de la protesta hacia la propuesta y el diálogo.
Finalmente, se concluye que la mediación social debe integrarse plenamente en la cultura de los derechos humanos. Escuchar, acercar posiciones y evitar la escalada de reclamos es, en esencia, una forma de servir a la sociedad y tutelar los derechos fundamentales, bajo la premisa de que siempre será más útil construir puentes que levantar muros.
