El exdiputado y destacado dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, ha hecho un llamado formal y directo a la nueva dirección de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que asuma un rol activo en la agilización de los procesos judiciales relacionados con la corrupción administrativa. El objetivo central de esta solicitud es que el alto tribunal logre que dichos procesos concluyan con sentencias definitivas, poniendo fin a la prolongación de los litigios que han marcado la historia judicial reciente del país.
Castillo Semán expresó su valoración positiva respecto a la renovación de los integrantes del alto tribunal, el cual se encuentra presidido por Justiniano Montero Montero. No obstante, el dirigente aprovechó la coyuntura para lanzar una advertencia sobre el estado actual de la administración de justicia. Según el exlegislador, los procedimientos judiciales excesivamente prolongados y la notable carencia de condenas firmes contra funcionarios públicos y dirigentes políticos han provocado un sentimiento generalizado de frustración y una profunda desconfianza en la ciudadanía dominicana.
En un análisis crítico sobre la trayectoria del sistema judicial, Vinicio Castillo sostuvo que, durante los últimos 30 años, la justicia no ha sido capaz de conseguir que funcionarios o políticos cumplan condenas definitivas por delitos de corrupción administrativa. Esta situación, a juicio del dirigente, refleja una falla estructural en la capacidad del sistema para sancionar el uso indebido de los recursos públicos por parte de quienes ostentan el poder.
Para ilustrar esta problemática, Castillo describió un ciclo recurrente en el manejo de estos casos. Explicó que el proceso suele iniciar cuando el Ministerio Público somete los casos correspondientes, lo que provoca que la opinión pública se estremezca debido a la gravedad de las revelaciones en diferentes coyunturas. En una primera etapa, se suelen ordenar medidas de coerción, como la prisión preventiva contra los exfuncionarios implicados. Sin embargo, advirtió que, con el transcurso del tiempo, una vez que los imputados obtienen la libertad bajo fianza, los procesos judiciales comienzan a "eternizarse", desembocando finalmente en lo que calificó como impunidad judicial.
El dirigente de la FNP consideró que esta ausencia de sanciones firmes y definitivas no es solo un problema procesal, sino que tiene consecuencias directas en la ética gubernamental. Según su planteamiento, el hecho de que no existan castigos ejemplares y concluyentes favorece que estas prácticas corruptas se repitan en las distintas administraciones públicas que han pasado por el país, al no existir un temor real a las consecuencias legales.
Dentro de los expedientes que Castillo Semán mencionó como pendientes de decisiones definitivas, destacó casos de gran impacto social y político, tales como el caso Antipulpo y el caso Medusa, además de otros procesos judiciales en los que se encuentran involucrados diversos exfuncionarios y dirigentes políticos.
Sobre el caso Antipulpo, el dirigente recordó que en el pasado mes de agosto, Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, fue condenado a una pena de siete años de prisión. No obstante, Castillo aclaró que esta sentencia aún no posee el carácter de definitiva, ya que ha sido recurrida tanto por el Ministerio Público como por los imputados, lo que mantiene el proceso en una etapa de revisión.
Estas declaraciones surgen en un momento clave para el Poder Judicial, tras la elección de Justiniano Montero Montero y seis nuevos magistrados por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. El nuevo cuerpo de jueces tiene programada su juramentación para el próximo 10 de noviembre en el Palacio Nacional, fecha que marca el inicio formal de sus funciones y el momento en que, según Castillo, deberán empezar a implementar las medidas necesarias para agilizar la justicia administrativa.
