La Cámara de Representantes ha dado un paso significativo en la agenda legislativa al aprobar, en primer debate, la propuesta de ley conocida como "anticapuchos". Esta iniciativa, que ha generado diversas reacciones en el ámbito político, es impulsada por los representantes Julio César Triana y Jaime Arizabaleta, quienes buscan establecer un marco legal más riguroso para el manejo de las manifestaciones públicas en el país.
El objetivo central de la propuesta es la creación de un tipo penal específico diseñado para sancionar a aquellas personas que, durante el desarrollo de manifestaciones, decidan ocultar su rostro mediante el uso de capuchas o cualquier otro elemento similar. La ley propone que este acto sea castigado con penas de prisión que oscilen entre los 4 y los 8 años, siempre y cuando el cubrimiento del rostro sea utilizado como una herramienta para cometer delitos o ejecutar actos vandálicos.
Según explicó el representante Julio César Triana, citado en una comunicación oficial de la Cámara de Representantes, el proyecto no pretende restringir la libertad de expresión, sino brindar mayor capacidad de acción a las autoridades. Triana señaló que, con esta herramienta, se busca entregar a la fuerza pública y al sistema de justicia mecanismos efectivos para combatir a los sectores violentos, asegurando al mismo tiempo que no se vulnere el derecho constitucional a la manifestación pacífica.
Para que esta iniciativa se convierta en ley de la República, el proyecto debe surtir un proceso legislativo adicional que incluye la discusión en debates posteriores dentro del Congreso y una votación positiva final. Una vez superadas estas etapas, la propuesta deberá ser sancionada por el Ejecutivo. En este contexto, figuras públicas han manifestado su respaldo a la medida, entre ellas Jorge Barón Jr., quien ha hecho un llamado público para que el Legislativo brinde su visto bueno definitivo.
A través de su cuenta en la red social X, Barón Jr. expresó la necesidad de que la iniciativa, cuya autoría destaca en el representante Jaime Arizabaleta, sea una realidad jurídica. El ciudadano instó a que el proyecto supere los tres debates restantes en el Congreso de la República y sea sancionado como ley por el presidente Abelardo de la Espriella.
Para fundamentar su postura a favor de la ley anticapuchos, Barón Jr. relató una experiencia personal ocurrida durante las movilizaciones del pasado 14 de octubre de 2026 en Colombia. El ciudadano afirmó haber sido víctima de ataques físicos por parte de personas que lo acusaron de intentar provocar a los manifestantes. Según su testimonio, quienes lo agredieron mantenían sus rostros cubiertos, una estrategia que, a su juicio, tiene el fin deliberado de impedir la identificación de los agresores y evitar que sean responsabilizados legalmente por sus acciones.
Barón Jr. fue enfático al señalar que el uso de la capucha no es compatible con la protesta pacífica. Según sus palabras, este recurso se emplea para ocultar la identidad, dificultando así la individualización del delito y entorpeciendo la fase de investigación establecida en el código de procedimiento penal. En sus publicaciones, describió que durante aquel evento fue intimidado y acorralado en una esquina del Congreso por seguidores del M-19 y del anterior presidente, recibiendo insultos y siendo golpeado con latas y botellas. Barón Jr. sostuvo que cuando se vulneran los derechos ajenos, el derecho a la protesta deja de ser pacífico y, por ende, su protección se limita.
Por otro lado, el representante Julio César Triana subrayó la importancia de la ley basándose en el impacto económico y social del vandalismo. El congresista argumentó que las acciones violentas de algunos individuos afectan gravemente la infraestructura urbana y el patrimonio de las ciudades. Triana enfatizó que no es aceptable que los pequeños empresarios y comerciantes locales deban asumir los costos de la impunidad, señalando que la capucha se ha convertido en la herramienta ideal para destruir bienes públicos y privados sin enfrentar consecuencias legales.
Finalmente, el representante Jaime Arizabaleta aclaró que el propósito de la ley es, paradójicamente, fortalecer el derecho a la protesta. Arizabaleta recordó que la gran mayoría de los ciudadanos que salen a manifestarse, aproximadamente un 99%, no ocultan su identidad ni tienen la intención de generar desmanes, por lo que la ley se enfoca estrictamente en aquellos que utilizan el anonimato para delinquir.
