El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank el pasado 2 de noviembre. Esta medida técnica fue tomada tras constatarse que el índice de solvencia de la entidad digital cayó por debajo del 50% del mínimo legal requerido, lo que derivó en el cierre total e inmediato de todas sus operaciones tanto en Asunción como en el resto del país.
La decisión provocó la inactividad instantánea de los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y las sucursales físicas de la entidad. Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP, confirmó a la prensa que, a partir de la fecha de la medida, ningún servicio de la institución, incluyendo tarjetas y la aplicación, permanece activo.
El abrupto cese de actividades ha tenido un impacto masivo en la población, congelando los ahorros cotidianos de cerca de tres millones de clientes. Además, la intervención comprometió más de 800 millones de dólares en fondos públicos y de la seguridad social. Debido a que Ueno Bank abarcaba a aproximadamente el 60% de la población adulta y procesaba más de tres millones de transacciones diarias —concentrando dos de cada tres operaciones electrónicas en comercios—, el efecto en la vida diaria de los paraguayos ha sido profundo.
Según reportó la agencia EFE, la urgencia de los usuarios por recuperar sus fondos generó una saturación sin precedentes en el sistema de pagos (SIPAP) y provocó intermitencias operativas en otras billeteras digitales locales como Mango, Vaquita y Eko. Esta contingencia afectó la compra de insumos básicos, el pago de alquileres y el salario de miles de trabajadores.
En el sector público, la situación es crítica. La intervención mantuvo retenidos 355 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), lo que afectó el pago normal a 32,000 jubilados. También se vieron comprometidos recursos estatales de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la represa binacional Itaipú. El malestar social se manifestó en ciudades como Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este, donde miles de clientes se agolparon frente a sucursales clausuradas. En Ñemby, la desesperación llevó a un usuario a romper la puerta de vidrio de una oficina bancaria al no recibir respuestas sobre sus depósitos.
La Superintendencia de Bancos de Paraguay detectó el origen de la insolvencia tras varios meses de supervisión técnica. Se descubrió que Ueno Bank otorgó créditos desproporcionados y sobregiros sin garantías suficientes a firmas como Grupo Hendy SA, Grupo M SA, TUIU SA y Satec SA, las cuales no registraban fuentes de repago autónomas. El dinero desembolsado era transferido inmediatamente a sociedades centrales del mismo conglomerado económico, tales como itti Saeca, Redisa, Redipro y Vinanzas SA, con el fin de saldar deudas y simular el pago regular de cuotas, eludiendo así los límites legales de financiamiento a partes vinculadas. Estas prácticas derivaron en ajustes contables por más de 1,6 billones de guaraníes.
A raíz de esto, el Ministerio Público imputó a 27 personas por presunta lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación del deber de llevar libros de comercio. Entre los procesados se encuentran ocho altos directivos bancarios y 19 representantes de empresas asociadas. Para el fundador y ex-CEO, Federico Miguel Vázquez Villasanti, la Fiscalía solicitó prisión preventiva, mientras que para los demás ejecutivos se requirió arresto domiciliario con tobilleras electrónicas. Asimismo, la justicia civil ordenó un embargo preventivo de 70 millones de dólares sobre los bienes de la cúpula directiva.
Para mitigar la crisis, el Congreso de Paraguay sancionó el miércoles 4 de noviembre la Ley Nº 7745. Esta norma habilita la entrega de un anticipo de emergencia a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de hasta 40 salarios mínimos (unos 121,7 millones de guaraníes) por depositante, a acreditarse en un plazo de 24 horas a cinco días hábiles. El límite definitivo de protección del FGD es de 75 salarios mínimos (228,3 millones de guaraníes), lo que garantiza la devolución del 100% del dinero para entre el 97% y 98% de los ahorristas minoristas. El presidente Santiago Peña promulgó la ley y expresó su deseo de que los fondos vuelvan a los ahorristas en el menor tiempo posible.
El colapso ha desencadenado una crisis institucional. El presidente del BCP, Carlos Carvallo —quien dirigió Ueno Bank antes de asumir su cargo en 2023—, presentó su renuncia. La posterior salida del director Marco Aurelio González dejó al órgano regulador sin quórum legal, obligando al Ejecutivo a proponer al economista Raúl Vera Bogado como nuevo titular. Simultáneamente, bloques de la oposición y la bancada Colorado Añetete impulsan un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. El pliego de acusación, firmado por 35 legisladores, alega mal desempeño, conflictos de interés por la participación de Peña en Ueno Holding (vendida en abril de 2025), manipulación de controles regulatorios y la exposición de recursos del IPS.
