El actual ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha lanzado fuertes críticas contra la gestión económica del expresidente Gustavo Petro, asegurando que el anterior mandatario dejó una “bomba de tiempo” instalada en las finanzas del país. Según el funcionario, esta situación es el resultado de haber impulsado el gasto público hasta alcanzar el 35% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que calificó como la participación más alta del gasto estatal en la historia de Colombia.
A través de un video difundido en sus redes sociales, Gómez Martínez vinculó este incremento del gasto con diversas irregularidades y deficiencias administrativas. El ministro señaló específicamente al Ministerio de Igualdad, al cual atribuyó un “derroche” de recursos, y criticó la contratación de miles de personas que, a su juicio, resultaban innecesarias para el funcionamiento del Estado. Asimismo, el funcionario hizo referencia a situaciones de robo dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, aunque en sus declaraciones no profundizó en los hechos concretos o casos específicos de dichas irregularidades.
El diagnóstico del ministro de Hacienda describe una "dependencia estructural" del gasto estatal, utilizando términos fuertes para describir la situación financiera. Gómez Martínez afirmó que la “adicción de Gustavo Petro a la deuda” ha llevado a la economía colombiana al borde del colapso, insistiendo en que el país se volvió adicto al gasto público. Ante este panorama, el ministro defendió la implementación de la ley de rescate fiscal, o reforma tributaria, definiéndola como la única opción viable para "rehabilitar las finanzas de la patria" y corregir el desequilibrio económico actual.
Esta propuesta, impulsada por el gobierno de Abelardo De La Espriella, se presenta como un mecanismo fundamental para contener la deuda pública, reducir las obligaciones del Estado y modificar la manera en que se utilizan los recursos públicos. El objetivo principal de esta ley de rescate es recaudar la suma de 44 billones de pesos para estabilizar las cuentas nacionales.
Por su parte, el expresidente Gustavo Petro ha respondido a estos cuestionamientos en diversas ocasiones. El pasado 2 de noviembre de 2026, a través de la red social X, Petro rechazó las acusaciones sobre el endeudamiento de Colombia. El exmandatario sostuvo que durante su gobierno la deuda real creció apenas 1,3 puntos del PIB, una cifra significativamente menor en comparación con los 11,3 puntos que registró la deuda durante la presidencia de Iván Duque.
Petro argumentó que él no endeudó al país y que el crecimiento registrado se debió principalmente al aumento de las tasas de interés impuesto por el Banco de la República, y no a la adquisición de nuevos saldos de deuda. Según el expresidente, su administración mitigó este impacto mediante el pago de grandes saldos de deuda externa, como la contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, señaló que el costo financiero aumentó debido a la deuda interna, impulsada por una visión que calificó como errada del Banco de la República sobre las causas reales de la inflación en Colombia.
En su respuesta, Petro también extendió sus críticas hacia el vicepresidente José Manuel Restrepo y el expresidente Iván Duque. El exmandatario instó a Restrepo a reconocer, desde una postura de honestidad intelectual como economista, que el déficit fue causado por él mismo y por Duque, situación que, según Petro, fue el detonante del estallido social.
Finalmente, el expresidente advirtió sobre las consecuencias sociales de la ley de rescate fiscal. Petro señaló que los 35 billones de pesos anuales en nuevos impuestos recaerían mayoritariamente sobre la clase media colombiana. Alertó que el aumento en los precios de los alimentos erosionaría el poder adquisitivo de este sector, lo que a su vez reduciría el mercado interno y afectaría los ingresos de la población.
Sobre los detalles técnicos de la iniciativa, el proyecto de ley de rescate fiscal fue radicado ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el 29 de octubre de 2026. El texto plantea una reducción del gasto público equivalente al 2,2% y propone cambios tributarios para elevar los ingresos del Estado, con medidas proyectadas principalmente para los años 2027 y 2028. José Manuel Restrepo, al presentar el articulado, sostuvo que estas medidas son necesarias para evitar una crisis económica, una recesión y la posible pérdida de 360.000 empleos.
