El pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha tomado las primeras medidas administrativas frente a las graves revelaciones que involucran a la ministra Rosa Aguirre. Tras la publicación de un reportaje de La Tercera, que señaló que la magistrada habría pagado a una abogada externa para que redactara sus sentencias, el tribunal de alzada resolvió, el pasado viernes, solicitar un informe detallado a la jueza sobre estos hechos.
La situación ha generado una fuerte alerta dentro del sistema judicial, ya que la normativa vigente establece con claridad que la redacción de los fallos es una obligación personal e intransferible de los jueces. Pese a la gravedad de la denuncia, la primera reacción del tribunal ha sido la solicitud de dicho documento, una medida que ha sido vista como conservadora por diversos sectores del mundo jurídico.
Al respecto, la presidenta de la Corte de Valparaíso, Silvana Donoso, explicó que el camino a seguir se determinará una vez que el informe sea despachado. Dependiendo del contenido y las justificaciones entregadas por la ministra Aguirre, el tribunal podría proceder con la apertura de un sumario administrativo en su contra para sancionar las posibles faltas a los deberes del cargo.
Sin embargo, el análisis de diversos expertos sugiere que el problema podría trascender la esfera administrativa y ética, escalando hacia el ámbito penal. La preocupación radica en que, para redactar los fallos, la abogada externa habría tenido acceso a información estrictamente reservada, incluyendo el contenido de acuerdos que, por ley, no pueden ser divulgados a personas ajenas al Poder Judicial.
A pesar de estas advertencias, la Fiscalía Regional de Valparaíso, liderada por la fiscal Claudia Perivancich, informó que hasta el momento no se ha iniciado ninguna investigación contra la ministra Aguirre, ya sea de oficio o a través de denuncias formales presentadas ante dicha repartición.
Desde el ámbito académico, Diego Muñoz, docente de la facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, advierte que delegar la redacción de sentencias constituye una infracción grave, pues la función de juzgar es personal e indelegable. No obstante, Muñoz aclara que el Código Penal no castiga la delegación per se. Según el académico, si la ministra revisaba, corregía y firmaba fallos ajustados a Derecho, no existiría el delito de prevaricación. No obstante, apunta a una posible vulneración del artículo 246 del Código Penal sobre la revelación de secretos, especialmente si se enviaron proyectos de resolución, votos disidentes o expedientes de familia antes de la lectura oficial.
En una línea similar, la abogada penalista Catherine Lathrop señala que es fundamental determinar si hubo una delegación sustantiva de la función judicial. Lathrop recalca que el Código Orgánico de Tribunales obliga al ministro designado a ajustarse a lo resuelto por la mayoría en la redacción del fallo. Para ella, no se puede afirmar automáticamente que haya prevaricación, ya que esto requeriría acreditar que la jueza actuó a sabiendas contra una ley expresa, y no simplemente una irregularidad en la elaboración de la sentencia.
Por su parte, Cristián Riego, director de las Clínicas Jurídicas de la UDP, plantea que podrían configurarse delitos de prevaricación e incluso falsificación de instrumento público, dependiendo del grado de delegación. Sin embargo, Riego enfatiza que lo primordial en este caso es el aspecto disciplinario y administrativo, ya que no todo acto incorrecto cumple necesariamente con los estrictos requisitos legales para ser tipificado como delito.
Alejandra Castillo Ara, directora de derecho penal de la UDP, profundiza en la posibilidad de una prevaricación judicial, ya sea dolosa —si se falló a sabiendas contra la ley— o culposa —por negligencia inexcusable—. Castillo Ara argumenta que, al hacer suya una resolución redactada por un tercero, la ministra podría haber infringido el Artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales (COT), que establece la indelegabilidad de la función judicial. Además, menciona la posibilidad de una falsificación ideológica de instrumento público, al atribuirse una actuación jurisdiccional que ella no realizó efectivamente.
Finalmente, Gonzalo Hoyl, académico de la Universidad de Los Andes y abogado penalista, calificó los antecedentes como graves, ya que comprometen la esencia de la jurisdicción. Si bien reconoce que existen sanciones disciplinarias para conductas menos graves, sostiene que, de aparecer evidencias de delitos, la Fiscalía tendría el deber imperativo de investigar los hechos.
