Las diez consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) han alcanzado un acuerdo para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo de esta acción es que la autoridad ministerial investigue posibles responsabilidades penales de funcionarios y exfuncionarios derivadas de presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del organismo electoral. Esta decisión ocurre mientras el instituto mantiene procesos de revisión administrativa interna.
La controversia se centra en la asignación de contratos y licitaciones, así como en los presuntos vínculos existentes entre altos funcionarios y diversas empresas proveedoras de material electoral. De acuerdo con la información disponible, diversas investigaciones periodísticas publicadas por los medios EL UNIVERSAL, Reforma y Latinus han documentado la existencia de reuniones, fotografías y grabaciones que vinculan a Taddei con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
Dentro de los elementos documentados por la prensa, destacan adjudicaciones otorgadas a empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Entre las compañías señaladas se encuentran Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, así como Seriplast México. Según las indagatorias periodísticas, este grupo empresarial habría acumulado contratos por un monto superior a los mil millones de pesos, distribuidos en al menos 13 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Además de estas cifras, se han reportado contratos que superan los 123 millones de pesos para el año 2025, destinados específicamente a la producción de materiales relacionados con la elección judicial. Los señalamientos también retroceden hasta el año 2017, periodo en el que Guadalupe Taddei encabezaba el organismo electoral en el estado de Sonora; en aquel entonces, se adjudicó un contrato por un valor de 46 millones 879 mil 383 pesos con 92 centavos.
El material difundido por Reforma y Latinus incluye evidencias visuales y sonoras de encuentros sociales entre Taddei y Hernández Casillas. Entre estos se menciona una celebración de cumpleaños en junio de 2025 y una reunión navideña que tuvo lugar después de la asignación de un contrato para la producción de credenciales para votar, cuyo monto máximo alcanzó los mil 173 millones de pesos. Asimismo, se ha dado a conocer la existencia de un video grabado en París, Francia, donde aparece el empresario junto a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la entonces presidenta del INE.
Más recientemente, el 2 de noviembre, el medio Latinus publicó una grabación en la que Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas aparecen revisando cifras relacionadas con los contratos de las credenciales para votar. Este material ha intensificado los cuestionamientos sobre posibles beneficios económicos y la naturaleza de la relación entre los proveedores y los funcionarios del instituto.
Ante este escenario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevar a cabo la revisión de los contratos. La mandataria subrayó que, si la ASF identifica elementos que sugieran responsabilidades penales, los resultados deberán ser remitidos a la Fiscalía General de la República, mientras que las faltas administrativas serán gestionadas por las instancias competentes. Por su parte, la ASF ya informó sobre el inicio de una investigación de oficio enfocada en posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y triangulación de recursos tanto en el INE como en otros organismos electorales.
Desde una perspectiva analítica, Gustavo López Montiel, investigador del Tecnológico de Monterrey, sugirió que la ausencia previa de investigaciones penales contra Taddei podría deberse al costo político que representaría para el partido Morena profundizar en el caso, advirtiendo que los señalamientos podrían afectar la percepción pública sobre el vínculo entre el partido y el organismo electoral.
En el ámbito institucional, la consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, informó el 3 de noviembre que la denuncia ante la FGR ya ha sido acordada por las diez consejerías. Cruz García enfatizó que la indagatoria no se limitará exclusivamente a Guadalupe Taddei, sino que buscará deslindar responsabilidades de otros funcionarios. Los equipos jurídicos del organismo trabajan en la integración del documento, con la meta de presentarlo a más tardar el 4 de noviembre. Se prevé que la investigación abarque diversas áreas administrativas, incluyendo la Secretaría Ejecutiva y diversas direcciones del instituto.
Simultáneamente, el INE ha implementado una depuración en su estructura directiva y administrativa, reportando la baja de 30 funcionarios. De este grupo, 17 pertenecían a la oficina de la expresidenta, destacando la salida de Carlos Daniel Luna, quien se desempeñaba como jefe de Oficina, y de Sergio Uzeta Murcio, quien fungía como coordinador de Comunicación Social.
Actualmente, las diez consejerías continúan revisando la Junta General Ejecutiva, los puestos de primer nivel, las relaciones funcionales y los procesos de contratación. Con el avance de la ASF y la denuncia ante la FGR, el caso entra en una fase judicial y administrativa donde las autoridades determinarán si las conductas reportadas constituyen delitos o faltas administrativas.
