El diputado Mangell Mc Lean, representante del Partido Liberación Nacional (PLN), ha manifestado que no desistirá en su intento por lograr que se implemente un perdón para los propietarios de vehículos que mantienen el pago del derecho de circulación, conocido como marchamo, en mora. Esta determinación se traduce en la presentación de una nueva iniciativa legislativa que busca dar una solución a miles de conductores que no han podido regularizar su situación tributaria.
Este nuevo esfuerzo ocurre luego de que, hace algunos meses, Mc Lean presentara un proyecto de ley similar. En aquella primera instancia, la propuesta pretendía que aquellos ciudadanos que realizaran el pago del derecho de circulación correspondiente al año 2027 recibieran el perdón de los marchamos que tuvieran atrasados de periodos anteriores. No obstante, dicha iniciativa no prosperó en la Asamblea Legislativa, ya que fue rechazada por los diputados oficialistas.
A pesar de la negativa expresada por los legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el diputado liberacionista ha decidido retomar la bandera de la regularización de estas deudas. En esta ocasión, el objetivo se ha desplazado en el tiempo: el anhelado perdón de los marchamos atrasados buscaría hacerse realidad a partir del año 2028.
La nueva propuesta ha sido bautizada formalmente como “Ley de Alivio Económico para la Regularización de Deudas del Marchamo”. Técnicamente, el proyecto pretende agregar un artículo transitorio a la Ley 7088, con el fin de establecer un mecanismo extraordinario de condonación para los contribuyentes morosos.
De acuerdo con el texto de la iniciativa, si el proyecto llega a ser aprobado por el Congreso, se aplicaría una condonación total a los choferes que se encuentren en mora. Este beneficio no se limitaría únicamente al monto principal de la deuda, sino que abarcaría también los ajustes, los intereses, las multas y todas las sanciones acumuladas que hayan derivado del impago del derecho de circulación en años anteriores.
Para acceder a este beneficio, la ley establece un requisito único y obligatorio: los propietarios de los vehículos deben pagar el derecho de circulación del año 2028 antes del 1 de enero de ese mismo año. De esta manera, el Estado aseguraría la recaudación del periodo corriente a cambio de eliminar la carga financiera de las deudas pasadas.
Con el propósito de asegurar que la ayuda llegue a las personas que realmente enfrentan dificultades económicas y que dependen de su vehículo para generar el sustento de sus hogares, la propuesta incluye un filtro basado en el valor del bien. El beneficio de la condonación aplicaría exclusivamente para automóviles y motocicletas que posean un valor fiscal igual o inferior a los ¢13.020.000.
Asimismo, la iniciativa contempla restricciones estrictas para evitar que figuras con altos ingresos o cargos públicos se beneficien de esta medida. La ley prohíbe explícitamente que el perdón de los marchamos atrasados sea otorgado a altos jerarcas de los Supremos Poderes. En esta lista de exclusiones se encuentran la Presidencia de la República, ministros, diputados, magistrados, alcaldes y presidentes ejecutivos. De igual forma, el proyecto estipula que los cónyuges de estas personas tampoco podrán acceder a este beneficio económico.
La urgencia de esta medida se sustenta en datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Seguros (INS). Según estas entidades, entre los años 2015 y 2026 se ha acumulado una morosidad superior a los 10.6 millones de marchamos, lo que evidencia un volumen considerable de vehículos circulando en condición irregular.
Al defender su proyecto, el diputado Mangell Mc Lean fue enfático al lamentar que el oficialismo rechazara su primer intento. El legislador señaló que existe una demanda constante por parte de la ciudadanía, afirmando que las personas le escriben diariamente consultando sobre el avance de este proyecto. Mc Lean subrayó que la propuesta no busca regalar nada, sino establecer una dinámica de "ganar-ganar".
Según la explicación del diputado, el Estado se beneficiaría al mejorar su recaudación actual, transformando deudas antiguas y difíciles de cobrar en dinero real y efectivo. Simultáneamente, miles de familias costarricenses podrían recuperar la tranquilidad y la movilidad legal de sus vehículos.
El futuro de esta iniciativa dependerá ahora de la voluntad de los legisladores oficialistas, quienes mantienen la mayoría en el Congreso. Queda por verse si, en esta segunda oportunidad, cambian su postura y apoyan la propuesta de Mc Lean o si nuevamente rechazan la idea de perdonar los marchamos atrasados.
