El Almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina, dispuso el relevo inmediato y el pase a disponibilidad de 13 miembros de la fuerza. Esta drástica medida disciplinaria surge como respuesta a una denuncia penal por un fraude sistemático en la liquidación de haberes, cuyo monto neto asciende a $938.574.300,25. La presentación judicial fue realizada por el Capitán de Navío Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera, ante el Juzgado Federal N° 2, liderado por el juez Sebastián Ramos y con la intervención del fiscal Ramiro González.
La maniobra delictiva se desarrolló entre julio de 2022 y enero de 2026. Según la auditoría de una comisión interdisciplinaria, los responsables aprovecharon la opacidad de la liquidación mensual de más de 24.000 haberes. El mecanismo consistía en la alteración manual de los archivos digitales de pago una vez finalizados los controles ordinarios y justo antes de ser transmitidos al Banco de la Nación Argentina (BNA). De este modo, se inyectaban asignaciones duplicadas y suplementos inexistentes. Para evitar que estas irregularidades fueran detectadas por el personal en el portal Haberes-Web, los registros eran restituidos a sus valores originales inmediatamente después de generar los lotes bancarios.
El centro de la operación fue el Capitán de Navío Ariel Atanasoff, entonces Jefe del Departamento Revista. El marino reconoció administrativamente haber ejecutado las maniobras en solitario con el objetivo de favorecer económicamente a su entorno familiar y afectivo. El perjuicio total consolidado por los peritajes contables es de $981.148.567,88, distribuidos en 645 depósitos irregulares destinados a 23 personas.
Entre los beneficiarios se encuentran personal militar en actividad y retiro, empleados civiles y cuatro personas ajenas a la institución. Estas últimas son María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia. El caso de María del Carmen Prieto es el más grave, ya que es la mayor beneficiaria individual con más de 152 millones de pesos recibidos en 46 transferencias, y se comprobó su vínculo conyugal con Atanasoff. Debido a que no poseen relación laboral con la fuerza, la justicia podría imputar a los civiles los delitos de encubrimiento o partícipes necesarios, mientras que los hechos generales encuadran en peculado y defraudación contra la administración pública.
La investigación reveló una grave falla en los controles internos. En febrero de 2026, cuando surgieron las primeras inconsistencias salariales en cinco agentes, las autoridades interpretaron el hecho como un error involuntario y los implicados devolvieron el dinero. Debido a que no se sospechó de Atanasoff, la Dirección de Administración Financiera le encomendó precisamente la tarea de implementar nuevos mecanismos de control independiente. De esta manera, el principal sospechoso fiscalizó su propio sistema delictivo hasta agosto de 2026, cuando se detectó el vínculo conyugal con Prieto.
La trama también involucra al Capitán de Corbeta Roberto Eduardo Castro, quien habría percibido haberes locales simultáneamente con los de una misión en el exterior, maniobra que requería inserción manual forzada. Asimismo, se detectaron depósitos irregulares a favor de Luana Magalí Piedigrossi, cónyuge de Castro, durante licencias sin goce de haberes. Aunque algunos oficiales han iniciado la restitución de fondos sumando $42.574.267,63, la Jefatura de Administración Financiera aclaró que esto no extingue la responsabilidad penal ni altera el monto del desfalco.
Este escándalo ocurre en un contexto de crisis financiera para los uniformados. Datos del BCRA indican que uno de cada tres integrantes del Ejército Argentino sufre morosidad crediticia. En la Armada, el 80% de los efectivos presenta problemas financieros en categorías de riesgo alto o irrecuperables, con una deuda mediana de $1.625.000. Como contraste, los 152 millones de pesos desviados a la esposa de Atanasoff equivalen a más de 45 sueldos de un Almirante o podrían haber saldado la deuda de 93 marinos en situación de quiebra.
Mientras tanto, el Palacio de Hacienda envió al Congreso el Presupuesto 2027, que proyecta una inversión naval histórica de USD 3.500 millones mediante crédito internacional para la compra de tres submarinos y dos fragatas. Además, la Casa Rosada destinó $217.954 millones para reactivar la Base Naval Integrada de Ushuaia, con una inversión específica de USD 142 millones.
El Almirante Juan Carlos Romay, quien validó los relevos desde Asunción mientras recibía una distinción del presidente de Paraguay, Santiago Peña, enfrenta ahora la gestión de una crisis que deja a otros 10 implicados bajo la lupa judicial.
