La relación diplomática entre Chile y Estados Unidos ha experimentado un nuevo episodio de tensión tras las recientes declaraciones del embajador Brandon Judd. En un contexto donde la Cancillería chilena había intentado establecer límites claros respecto a las intervenciones del diplomático en asuntos internos, Judd ha vuelto a generar controversia al emitir advertencias sobre la seguridad nacional del país sudamericano.
Apenas un día después de haber mantenido una reunión con el canciller Francisco Pérez Mackenna, el embajador estadounidense otorgó una entrevista al diario El Mercurio, en la cual aseguró que Chile es actualmente vulnerable al avance del crimen organizado transnacional. Al ser consultado directamente sobre si existía dicha amenaza en el territorio chileno, el representante de Washington fue tajante en su respuesta, afirmando que, en este momento, la vulnerabilidad es "absolutamente" real.
Para evitar que sus palabras fueran interpretadas como una crítica directa a las fuerzas de seguridad locales, Judd aclaró que sus observaciones no pretendían cuestionar la labor desempeñada por Carabineros ni por la Policía de Investigaciones (PDI). Según el embajador, su advertencia se fundamenta en una lectura del panorama regional, señalando que las bandas criminales tienden a buscar y expandirse hacia nuevos territorios a medida que encuentran mayores obstáculos operativos o una presión más fuerte en otros países de la región.
Este nuevo frente de polémica se abre mientras aún no se cerraba el capítulo anterior relacionado con los dichos del embajador sobre el estallido social ocurrido el 18 de octubre. Precisamente, fue debido a esas afirmaciones que el canciller Francisco Pérez Mackenna convocó a Judd a una reunión oficial. Durante ese encuentro, el jefe de la diplomacia chilena abordó el respaldo que el embajador había dado a la tesis que vinculaba a sectores de izquierda con los hechos de violencia registrados durante las protestas sociales.
En el transcurso de dicha controversia, el propio Brandon Judd terminó reconociendo que el Gobierno de Estados Unidos no había llevado a cabo una investigación propia e independiente dentro de Chile para corroborar esos hechos, admitiendo que sus conclusiones se basaban en información proveniente de fuentes locales. Ante esta revelación, Pérez Mackenna solicitó formalmente que se entregara cualquier antecedente disponible para que pudieran ser remitidos a la Fiscalía y así esclarecer los hechos.
Durante la cita, el canciller chileno fue enfático al recordarle al embajador que, por protocolo y respeto diplomático, los representantes extranjeros no deben emitir opiniones sobre asuntos de política interna. Según informó la Cancillería, esta advertencia ya había sido transmitida al diplomático en ocasiones anteriores, subrayando la necesidad de mantener un perfil acorde a su cargo.
Sin embargo, lejos de mostrar señales de moderación o de bajar el perfil de sus intervenciones públicas, Brandon Judd ha manifestado que no cambiará su estilo de comunicación. El embajador no solo promovió la necesidad de profundizar la cooperación en materia de seguridad con Washington, sino que dejó claro que seguirá respondiendo públicamente cuando considere que las autoridades chilenas emiten declaraciones que califica como “incendiarias”. Al respecto, Judd fue categórico al afirmar que seguirá actuando de esa manera en el futuro y que su postura no va a cambiar.
Desde el Palacio de La Moneda, la respuesta ha sido cautelosa, optando por no escalar el conflicto diplomático. El biministro Claudio Alvarado descartó la posibilidad de enviar una nota de protesta formal ante los nuevos dichos del embajador. No obstante, Alvarado sostuvo que es responsabilidad del propio Brandon Judd explicar la inconsistencia de sus declaraciones, señalando que corresponde al diplomático aclarar lo que afirma un día y lo que sostiene el día siguiente.
Este episodio deja en evidencia una tensión persistente entre la Cancillería chilena y el embajador de Estados Unidos, quien, a pesar de las advertencias oficiales y los llamados al respeto de las normativas diplomáticas, mantiene un estilo de intervención pública que choca con las expectativas del Gobierno chileno.
