La Asamblea de Jubilados y Jubiladas en Lucha de Bariloche formalizó este martes la presentación de un recurso de amparo ante la Defensoría Federal de la ciudad. La medida judicial tiene como objetivo reclamar por la crítica situación del sistema sanitario y exigir que las distintas obras sociales garanticen de manera efectiva las prestaciones que corresponden por ley a sus afiliados.
Esta acción legal se enmarca dentro de las actividades que la organización viene impulsando como parte de un plan de lucha sostenido. Según explicaron los referentes de la entidad, estas medidas responden a la defensa de la salud pública, entendida no solo como un derecho fundamental, sino también como un bien social y colectivo que abarca a toda la comunidad.
Durante la presentación ante el organismo federal, los voceros de la Asamblea detallaron los motivos que impulsaron la acción judicial. Señalaron de manera directa a las obras sociales de mayor alcance en la región, tales como PAMI, IPROSS y Unión Personal, al advertir que actualmente no están funcionando ni cumpliendo con sus obligaciones prestacionales básicas hacia los afiliados.
En este sentido, remarcaron una serie de problemáticas graves que afectan la calidad de vida de los sectores pasivos y de la población en general. Entre las principales dificultades mencionadas, los referentes destacaron que los afiliados no logran obtener medicamentos esenciales, tampoco acceden a prótesis necesarias para tratamientos médicos y se registra una paralización en la realización de operaciones quirúrgicas que la gente requiere con urgencia.
Desde la organización advirtieron que esta falta de respuesta por parte de las coberturas médicas genera un traslado directo de la demanda hacia el sistema de salud pública. Según explicaron, el hospital zonal ya atravesaba dificultades previas para responder adecuadamente a la demanda habitual de atención, por lo que la situación actual agrava el panorama.
"Y el problema es que toda esa gente que no está siendo atendida por su obra social, se vuelca al hospital, que se encuentra desbordado y tampoco puede prestarle servicios a la gente", sostuvieron los referentes de la Asamblea durante la jornada de protesta frente a la Defensoría Federal.
Ante este escenario de vulneración de derechos, el planteo judicial busca que los organismos correspondientes intervengan de manera urgente para asegurar la atención médica de los afiliados afectados. "Entonces lo que nosotros decimos es que no está garantizado el derecho a la salud de la población de San Carlos de Bariloche y por eso presentamos este amparo para que tomen las medidas necesarias. Exigiendo los servicios que tienen la obligación de prestarles", explicaron los organizadores del reclamo.
Asimismo, los referentes aclararon que el alcance de la demanda no se limita exclusivamente a la defensa de los jubilados y pensionados. Por el contrario, enfatizaron que la problemática afecta al conjunto de la ciudadanía debido al impacto colateral que el deterioro operativo de las obras sociales genera sobre el funcionamiento del hospital público.
"Nosotros estamos realizando aquí un plan de lucha en defensa de la salud pública de Bariloche. La salud es un bien social, no solo un derecho, y eso es lo que están vulnerando. Están haciendo un genocidio silencioso con respecto a la problemática de la salud", expresó con dureza uno de los representantes de la Asamblea.
Al ser consultados sobre si esta situación se circunscribe únicamente al ámbito local, los voceros indicaron que se trata de una problemática de alcance general que trasciende las fronteras de Bariloche. "Es una política que afecta a todos los ciudadanos, sea en Buenos Aires o sea en Bariloche. El problema de la salud no afecta solamente a los jubilados, afecta a los niños, a los adolescentes y a los adultos. Todos los que trabajan y tienen esas obras sociales están desatendidas en este momento, porque realmente no prestan los servicios", afirmaron.
Durante la movilización, los integrantes de la Asamblea recordaron que las demandas del sector vienen de tiempo atrás, aunque en el contexto actual la crisis sanitaria ocupa un lugar central dentro de la agenda de reclamos. En este contexto, describieron los múltiples obstáculos cotidianos que deben enfrentar quienes necesitan asistencia médica, mencionando específicamente que existen serios inconvenientes vinculados a la disponibilidad de camas y a la escasez de especialistas médicos para la atención de los pacientes.
Sobre la continuidad de las medidas, explicaron que la movilización frente a la Defensoría Federal representa el inicio de una etapa dentro de un plan de lucha en defensa de la salud pública de la población de San Carlos de Bariloche, el cual comenzaron a gestar tiempo atrás. La organización recordó que ya llevan dos años trabajando de manera específica sobre la problemática sanitaria.
Ampliando el concepto de bienestar, los referentes señalaron que la salud abarca dimensiones que van más allá de la mera ausencia de enfermedades. "La salud no es ausencia de enfermedad, la salud incluye una vivienda digna, una jubilación que nos alcanza para vivir y un lugar para recrearnos. Todo eso también incluye la salud, y no solo la salud de los adultos mayores, también la salud de la población en general", manifestaron.
Como antecedente de su labor comunitaria, la Asamblea recordó las acciones previas que llevaron adelante en el pasado con el propósito de frenar el cierre de una dependencia del PAMI en la localidad. No obstante, lamentaron que, pese a aquellas gestiones, posteriormente se profundizaron las restricciones y dificultades para acceder a los tratamientos farmacológicos.
Finalmente, cuestionaron el impacto de las medidas sobre los ingresos de los sectores pasivos: "Y después le quitaron los medicamentos a los afiliados del PAMI. Entonces, con jubilaciones mínimas, ¿cómo hacen para comprar su medicación los afiliados del PAMI? No pueden". Y concluyeron su postura señalando que la crisis actual responde a un contexto más amplio: “Somos todos los que estamos sufriendo este vaciamiento de la República Argentina por medidas públicas que manda el Gobierno Nacional”.
