El Gobierno Nacional ha anunciado la destinación de un fondo de 122 millones de dólares con el objetivo de mitigar el impacto de los ajustes en las tarifas de energía eléctrica. Esta medida financiera tiene como fin principal asegurar que las actualizaciones de precios no se traduzcan en un incremento directo en las facturas de los consumidores panameños durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2026.
La autorización de este gasto se materializó a través de la Resolución de Gabinete No. 110-26, la cual fue aprobada formalmente por el Consejo de Gabinete. La iniciativa surge como una respuesta para compensar la actualización tarifaria que debe realizar la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), siguiendo los procedimientos y la normativa vigente que rigen el sector energético.
Zelmar Rodríguez Crespo, administradora general de la Asep, brindó detalles sobre la naturaleza de este proceso durante una reciente conferencia de prensa. La funcionaria aclaró que, aunque las tarifas eléctricas requieren una actualización periódica de acuerdo con el marco regulatorio establecido, el Ejecutivo ha decidido intervenir mediante la creación de un subsidio. Este mecanismo permitirá que los ajustes de costos técnicos no afecten el bolsillo de los usuarios.
“Las tarifas se actualizan de acuerdo con la normativa, el Gobierno Nacional establece un subsidio y los clientes no verán un aumento en sus facturas por estos ajustes”, puntualizó Rodríguez Crespo. El esquema de aplicación de este subsidio iniciará con la facturación correspondiente al mes de septiembre y se extenderá de manera ininterrumpida hasta el 31 de diciembre de 2026.
En términos prácticos para la ciudadanía, la actualización tarifaria es un proceso técnico mediante el cual la Asep revisa los costos operativos y las condiciones del servicio eléctrico. No obstante, gracias a la aprobación de este subsidio por parte del Ejecutivo, el efecto de dicho ajuste será cubierto por el Estado, evitando que el consumidor final asuma el incremento asociado a la actualización durante el periodo estipulado. El costo fiscal de mantener este esquema de congelación de precios para los últimos cuatro meses de 2026 asciende a los mencionados 122 millones de dólares.
Más allá de la gestión de subsidios, la Asep también informó sobre sus labores de fiscalización, específicamente en lo relativo a los reclamos de los usuarios y las sanciones aplicadas a las empresas de distribución eléctrica. La administradora general detalló que la institución mantiene procesos activos de seguimiento para asegurar que se cumplan las sanciones impuestas por incumplimientos en la prestación del servicio.
Respecto a la ejecución de los procesos sancionatorios, que suman un total aproximado de 100 millones de dólares, Rodríguez Crespo desglosó el estado de estos fondos. Informó que cerca de 23 millones de dólares ya han sido acreditados en las facturas de los clientes afectados por situaciones ocurridas durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Por otro lado, se detalló que otros 26 millones de dólares se encuentran actualmente en procesos judiciales, mientras que un monto de aproximadamente 50 millones de dólares está siendo aplicado mediante proyectos dirigidos para mejorar el servicio eléctrico. La Asep, mediante auditorías constantes, verifica que las distribuidoras cumplan con estas obligaciones derivadas de dichos procesos.
En el ámbito de la infraestructura, la Asep reportó haber fiscalizado cerca de 32,000 kilómetros de redes eléctricas pertenecientes a las tres empresas distribuidoras del país durante los últimos dos años. Estas inspecciones buscan verificar las condiciones técnicas de las redes y atender las inquietudes de los usuarios sobre fluctuaciones o problemas en el suministro eléctrico. Entre las zonas con mayor volumen de reportes por problemas de continuidad y calidad del servicio se encuentra Panamá Oeste.
Finalmente, la institución destacó su estrategia de atención ciudadana a través del programa Asep Móvil, el cual facilita que los usuarios presenten sus denuncias y reciban orientación técnica de manera directa. La administración de la Asep reiteró la importancia de la participación de los consumidores y mantuvo abiertos todos sus canales de comunicación para el seguimiento de casos y la atención de reclamos.
