La defensa legal de Lizbeth N, quien se desempeña como presidenta de la Fundación Frichem, ha presentado formalmente una solicitud ante las autoridades judiciales para modificar la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre ella. El objetivo de esta petición es que la imputada pueda enfrentar el proceso penal en libertad, proponiendo específicamente que sea sustituida por una medida de arraigo domiciliario.
Este movimiento legal ocurre mientras Lizbeth N se encuentra vinculada a proceso dentro de la causa penal 763/2026. Los cargos que se le imputan están relacionados con su presunta responsabilidad en hechos de crueldad y violencia contra animales, un caso que ha generado una fuerte movilización entre organizaciones protectoras de fauna. Es importante precisar que, de acuerdo con los argumentos de la defensa, el cambio de la medida cautelar no implica el cierre del proceso judicial, ni constituye una determinación final sobre la culpabilidad o inocencia de la acusada, sino que busca alterar las condiciones bajo las cuales se desarrolla la etapa procesal.
El origen de este complejo caso legal se remonta a un operativo realizado por las autoridades en un inmueble ubicado en la colonia Libertad, en la localidad de Castaños. Durante dicha diligencia, los agentes localizaron a decenas de perros que se encontraban bajo el resguardo de la Fundación Frichem. Los reportes iniciales indicaron que el rescate abarcó a un total de 63 animales; sin embargo, la acusación formal contra Lizbeth N se ha centrado específicamente en la situación de 53 perros.
Las condiciones en las que fueron hallados los canes fueron determinantes para el inicio de la acción penal. Según la información difundida durante el transcurso del proceso, los animales presentaban un deterioro físico evidente y graves problemas de salud. Entre los diagnósticos reportados se encuentran cuadros de desnutrición, deshidratación severa e infestaciones de parásitos, lo que refleja la precariedad del cuidado que recibían en el inmueble. El saldo trágico de esta situación fue la muerte de dos de los 53 perros vinculados a la causa, mientras que los 51 sobrevivientes fueron puestos bajo el cuidado y protección de diversas asociaciones rescatistas y protectoras.
Un punto clave que permitió el hallazgo de este lugar fue la búsqueda de una perrita llamada Lía. La denuncia interpuesta por los propietarios de Lía fue el detonante que llevó a las autoridades a realizar las diligencias correspondientes, las cuales culminaron en el operativo en la colonia Libertad y el posterior descubrimiento de los demás animales en condiciones críticas.
Ante la noticia de la solicitud de libertad bajo arraigo domiciliario, un grupo cohesionado de organizaciones animalistas ha manifestado su postura. A través de un comunicado conjunto, la Fundación Milma, Siete Vidas AC, Lobita Dejando Huella, Rescatando Patitas, Andy Rescates, Defensoría Animalista Laguna y Proyecto Génesis, entre otras entidades, informaron que están al tanto de la petición de la defensa de Frichem.
Las organizaciones enfatizaron que, independientemente de las medidas cautelares, Lizbeth N continúa vinculada a proceso y que ellas no abandonarán el procedimiento legal. Los abogados de estas asociaciones aseguraron que continuarán implementando su estrategia jurídica para garantizar que se llegue a una sentencia justa y que los 51 perros sobrevivientes no queden desamparados durante el trayecto judicial.
En un emotivo mensaje, las asociaciones recordaron a los animales afectados, señalando: "Por Zeus Julio César. Por Galleta. Por Buck. Por Lázaro. Por Lía", reiterando así su exigencia de justicia y el compromiso de no permitir que el caso caiga en el olvido.
Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de investigación complementaria, donde se siguen recabando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos. Mientras la defensa busca que la presidenta de la fundación pueda llevar el proceso fuera de la cárcel, las organizaciones protectoras mantienen su confianza en las autoridades para que el proceso continúe hasta que se determinen las responsabilidades penales correspondientes por los actos de violencia animal denunciados.
