El Gobierno de México ha informado sobre un operativo de gran escala que resultó en la incautación de 16.8 toneladas de metanfetamina. El cargamento fue localizado en diversos laboratorios clandestinos situados en el estado de Sinaloa, una región considerada el bastión del Cártel de Sinaloa, el cual se mantiene como una de las organizaciones criminales más influyentes y extensas del país.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, fue el encargado de comunicar los detalles de esta operación. El funcionario destacó que esta acción representa uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas registrados durante la actual gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió la jefatura del Ejecutivo en octubre de 2024. Según el secretario, la magnitud del decomiso refleja la intensidad de las acciones emprendidas por el gobierno federal para combatir la fabricación de sustancias ilícitas.
En el desglose de los operativos, las autoridades confirmaron la localización de tres complejos destinados específicamente a la elaboración de drogas sintéticas. Estas instalaciones estaban ubicadas en las zonas serranas del estado de Sinaloa, aprovechando la geografía del terreno para ocultar la producción a gran escala.
La acción más destacada de este operativo ocurrió el pasado jueves, cuando las fuerzas de seguridad intervinieron un laboratorio que contaba con una extensión de 5.700 metros cuadrados. De acuerdo con un comunicado emitido por la secretaría de Seguridad, este recinto es el segundo laboratorio de mayor magnitud hallado durante el periodo gubernamental actual, basando esta clasificación en su capacidad instalada y su volumen de producción.
Más allá de la incautación de la sustancia, el impacto financiero para la organización criminal ha sido significativo. El despacho de seguridad estimó que la inhabilitación de estos laboratorios representa un golpe económico de aproximadamente 347 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa, afectando directamente su infraestructura productiva y su flujo de capital.
Este operativo se enmarca en un contexto de alta tensión diplomática y seguridad internacional. En febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos designó formalmente al Cártel de Sinaloa como una "organización terrorista extranjera". Esta medida no fue aislada, ya que otras cinco bandas narcotraficantes mexicanas recibieron la misma designación por parte de Washington.
La administración estadounidense ha sostenido acusaciones graves contra la organización fundada por Joaquín "El Chapo" Guzmán, describiéndola como uno de los cárteles más poderosos a nivel mundial. El gobierno de Estados Unidos señala que esta organización es responsable del tráfico masivo de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia su territorio, lo que ha generado una crisis de salud pública en Norteamérica.
En el plano político, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha intensificado los decomisos de estupefacientes, una tendencia que ocurre bajo una fuerte presión ejercida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario estadounidense ha utilizado la amenaza de imponer aranceles generales como una medida de apremio para obligar a México a incrementar sus esfuerzos en el combate al narcotráfico.
Como parte de esta dinámica de presión, Donald Trump ha ofrecido el apoyo militar de Estados Unidos a la presidenta Sheinbaum para combatir el crimen organizado dentro del territorio mexicano. Sin embargo, la gobernante izquierdista ha rechazado dicha oferta, manteniendo la postura de no permitir la intervención militar extranjera en el país, a pesar de las presiones económicas y las amenazas arancelarias provenientes de Washington.
