El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) ha denunciado que la Fiscalía General de la República (FGR) ha excluido de su lista de testigos a la persona principal que sustentaba la acusación contra un grupo de veteranos de guerra. Esta revelación se dio a conocer en una conferencia de prensa, donde se señaló que el testigo, quien presuntamente alertó sobre supuestos actos de terrorismo hace más de dos años, no fue acreditado para dar su declaración en el proceso judicial.
La audiencia única contra los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz está programada para llevarse a cabo los días 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre, luego de que el proceso hubiera sido suspendido el pasado 11 de agosto. Entre los procesados se encuentran Atilio Montalvo, José Santos Melara, Julio Alfonso Mira, José Eliseo Segura, Wilfredo Paredes, Carlos Mejía, Roberto Antonio Esquivel, Eliseo Alvarado Guevara y José Ismael Santos. Asimismo, el comunicador Luis Alberto Menjívar se encuentra detenido junto a los excombatientes. Todos ellos fueron acusados hace más de dos años por presuntos actos terroristas, aunque la defensa sostiene que la FGR no ha logrado probar dichas imputaciones.
Según destacó el COFAPPES, un medio de comunicación informó recientemente que la fiscalía omitió incluir en su lista de testigos a la persona que, en la acusación inicial, fue identificada como quien alertó a las autoridades sobre la planificación de un supuesto atentado terrorista destinado a la toma de posesión presidencial el 10 de junio de 2024. Para la organización, la exclusión de este testimonio es fundamental, ya que las declaraciones de dicha persona constituían la base del relato fiscal sobre los delitos imputados. En consecuencia, COFAPPES considera que este hecho confirma las sospechas sobre la inexistencia real del testigo y ha exigido que la Fiscalía aclare, por razones de transparencia y legalidad, el motivo de su ausencia en la audiencia.
La controversia sobre la identidad del testigo no es nueva. El rotativo señaló que hace un año ya se habían revelado dudas sobre su existencia, pues se advirtió que el testigo habría estado en dos lugares simultáneamente: México y El Salvador. Además, se mencionó que los agentes policiales que recibieron la denuncia original ni siquiera anotaron el nombre de la persona.
Ante la ausencia de este testigo clave, la FGR ha optado por incorporar las declaraciones de los agentes policiales que efectuaron las capturas, así como el testimonio de cuatro peritos. Estos últimos fueron los encargados de extraer información de dispositivos electrónicos, revisar bitácoras de llamadas telefónicas y verificar la supuesta destrucción de materiales explosivos. Por otro lado, la defensa técnica informó que la jueza desestimó las declaraciones de diez testigos y otras pruebas de descargo que habían sido presentadas.
Mextli Montalvo, hijo de Atilio Montalvo y firmante de los Acuerdos de Paz, afirmó que la exclusión del testigo confirma que la acusación carece de pruebas reales. Según Montalvo, el caso responde a un interés gubernamental de perseguir y condenar a dirigentes sociales que defienden los derechos de su sector y se manifiestan contra las injusticias y violaciones a los derechos humanos en un contexto de regresión democrática y consolidación autoritaria.
Por su parte, Luis Rivera, integrante de la defensa técnica, explicó que, aunque la captura de los veteranos se basó en la declaración de una persona, esta nunca tuvo la calidad de testigo acreditado en sede judicial ni apareció en las actas policiales de la entrevista. Rivera calificó a dicha persona como un "desconocido", sugiriendo que pudo tratarse de cualquier ciudadano, nacional o extranjero, o incluso de una llamada telefónica anónima, describiendo el origen de la captura como un proceso "incierto".
Debido a la gravedad del caso, el COFAPPES ha solicitado formalmente la presencia de embajadas de diversos países en las audiencias, argumentando que el proceso constituye una violación a los Acuerdos de Paz y una persecución política contra protagonistas de los acuerdos que finalizaron la guerra civil y las dictaduras militares. En este sentido, Lourdes Palacios, coordinadora de COFAPPES, informó que diputados alemanes han enviado cartas al tribunal y a la embajada de Alemania en El Salvador solicitando un juicio justo. Además, más de 30 organizaciones de Estados Unidos, Colombia, Alemania, Suiza y México han manifestado su solidaridad con los veteranos.
El juicio se desarrollará en el Tribunal Especializado Contra el Crimen Organizado, bajo la dirección de una "jueza sin rostro" en el Centro Judicial de Soyapango. Se espera que diversas organizaciones sociales realicen manifestaciones el primer día de la audiencia en apoyo a los procesados. La defensa técnica sostiene que existen suficientes elementos de descargo para solicitar la absolución, indicando que la resolución final solo debería oscilar entre la absolución o la sentencia.
Finalmente, familiares y organizaciones alertaron sobre el estado de salud de los detenidos, la mayoría de los cuales son adultos mayores con secuelas de guerra y enfermedades crónicas como diabetes e insuficiencia renal. Advirtieron que algunos podrían morir en prisión si no son liberados o reciben atención médica urgente, responsabilizando a las autoridades judiciales y penitenciarias por cualquier afectación a su integridad y vida.
