Veteranos de guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) del departamento de San Salvador, en conjunto con el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), han manifestado públicamente su profunda preocupación respecto al desarrollo del juicio llevado contra los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. A través de una conferencia de prensa y un comunicado conjunto, los colectivos denunciaron la ausencia de garantías procesales y convocaron a la ciudadanía a una movilización masiva.
El malestar de los veteranos se intensificó tras la suspensión de la audiencia única programada para el pasado 11 de agosto. Dicha sesión, que debía ser conducida por el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado, fue cancelada debido a problemas de conexión en los Centros Penales. Para los denunciantes, este incidente no es un hecho aislado, sino que reafirma una sistemática falta de garantías en el proceso, señalando además el uso de jueces anónimos y la aplicación ilegal del régimen de excepción, factores que, según afirman, anulan la transparencia del sistema judicial salvadoreño.
Durante la rueda de prensa, los veteranos sostuvieron que las acusaciones presentadas en el año 2024 carecen de fundamentos sólidos. Aseguran que la fiscalía no ha presentado pruebas que demuestren los cargos imputados, mientras que el proceso judicial se mantiene bajo reserva, impidiendo el ejercicio del debido proceso. Según los representantes del sector, la Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta con evidencia contundente para justificar que los procesados estuvieran fraguando el delito de "actos de terrorismo" para el día de la toma de posesión del segundo mandato de Nayib Bukele, el cual calificaron como inconstitucional.
El colectivo hizo especial énfasis en el perfil de los procesados, recordando que son veteranos de guerra y excombatientes que dedicaron su vida a la construcción de la paz en El Salvador. Entre los detenidos se encuentra Atilio Montalvo, firmante de los Acuerdos de Paz, quien actualmente cuenta con medidas sustitutivas a la detención debido a complicaciones de salud presentadas hace algunos meses.
La situación humanitaria de los procesados es uno de los puntos más críticos de la denuncia. La mayoría de los detenidos son adultos mayores que padecen enfermedades crónicas graves. Los veteranos y el BRP alertaron que estos dirigentes se encuentran en una crisis de salud que se ha visto acelerada por las condiciones de hacinamiento imperantes en los centros carcelarios. Ante esto, exigieron el respeto a la Constitución de la República, a la democracia y a los derechos humanos, alegando que estos son violados actualmente por el Gobierno de Nayib Bukele.
La lista de los procesados incluye a Atilio Montalvo, José Santos Melara, Julio Alfonso Mira, José Eliseo Segura, Wilfredo Paredes, Carlos Mejía, Roberto Antonio Esquivel, Eliseo Alvarado Guevara, José Ismael Santos y el comunicador comunitario Luis Alberto Menjívar. A excepción de Montalvo, todos han permanecido encarcelados desde el 30 de mayo de 2024, periodo que los veteranos describen como una detención injusta que ya supera los dos años.
Como respuesta a esta situación, los veteranos y el BRP invitaron a la población salvadoreña y a diversas organizaciones a sumarse a una "mega marcha" que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre de 2026, coincidiendo con el marco de la independencia de Centroamérica. La convocatoria establece que la movilización iniciará a las 8:00 a.m. frente al hospital Rosales, sobre la 25 avenida norte, con el objetivo de manifestarse contra el deterioro de las libertades democráticas y la calidad de vida en el país, marchando por la soberanía y la dignidad.
Desde el sector de excombatientes, Salomón Alfaro señaló que tanto la parte acusatoria como la procesal penal han actuado de manera irresponsable con el juicio, denunciando una dilatación deliberada de todo el proceso. Según Alfaro, existe la convicción de que la parte acusadora no posee pruebas suficientes para condenar a sus compañeros.
Por su parte, Santana Sánchez, también excombatiente, calificó la situación como una "injusticia" y lamentó la criminalización de la justicia en el país. Sánchez recordó que los planes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz incluían la creación de cooperativas, por lo que calificó de "falsas" las acusaciones de terrorismo. Finalmente, hizo un llamado a la población nacional y a los salvadoreños en el exterior para que presten atención a este caso, afirmando que la justicia en el país ha dejado de funcionar.
La comunidad de veteranos permanece a la espera de la audiencia única, programada para los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre, con la esperanza de que se emita una resolución favorable para los procesados.
