El Gobierno peruano ha oficializado una medida drástica para mitigar la carga económica de los conductores en el país. A través de la publicación del Decreto Supremo 017-2026 en una edición extraordinaria de las Normas Legales del diario El Peruano, el Poder Ejecutivo estableció un “régimen excepcional de pago” que permite una reducción del 90% en el monto de las multas impuestas por infracciones de transporte público y privado.
Esta disposición, que ya había sido anticipada el pasado sábado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, introduce plazos diferenciados para su aplicación. Las sanciones relacionadas con infracciones de tránsito tendrán una vigencia de 90 días calendario para acogerse al beneficio, mientras que aquellas correspondientes a infracciones de transporte público y privado contarán con un plazo de 180 días calendario.
El alcance de la medida es amplio, permitiendo que se acojan personas con multas pendientes de inicio de procedimiento sancionador, aquellas que se encuentran en trámite, firmes, impugnadas o incluso en etapa de ejecución coactiva. Asimismo, el beneficio se extiende a las multas que sean impuestas durante el periodo de vigencia de este decreto.
Según el texto normativo, los administrados podrán acogerse voluntariamente al régimen mediante el pago del monto de la multa con la reducción respectiva. Una vez efectuado el pago, la entidad competente procederá a la conclusión y el archivo del procedimiento administrativo sancionador o de ejecución coactiva, independientemente de la etapa en la que se encuentre, incluyendo el exonerado de costas y gastos de cobranza coactiva. Un punto relevante es que las multas canceladas bajo este esquema no generarán acumulación de puntos en la licencia de conducir ni serán consideradas para determinar reincidencia o habitualidad.
En cuanto a los casos específicos, el MTC aclaró que para multas en ejecución coactiva con pagos parciales previos, la reducción se aplicará sobre el saldo pendiente. Si existe un recurso administrativo contra la resolución, el conductor deberá presentar el desistimiento. En procesos contenciosos administrativos ante el Poder Judicial, se requerirá la presentación de una copia simple del cargo de la solicitud de desistimiento del proceso y de la pretensión, indicando el número de expediente judicial.
No obstante, la norma establece excepciones claras. Quedan excluidas del beneficio las infracciones tipificadas con los códigos F.1, F.7 y T.3 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte; así como los códigos M.1, M.2, M.3, M.4, M.20.C, M.27, M.28, M.37, M.38 y M.39 del Reglamento Nacional de Tránsito. También quedan fuera del régimen las infracciones vinculadas a la informalidad, agresiones a inspectores y accidentes de tránsito establecidos por la ATU y ordenanzas municipales provinciales.
Como parte de una reforma estructural, el decreto ordena que la ATU apruebe un ajuste de sus tablas de infracciones y sanciones en un plazo de 180 días. Por su parte, el MTC deberá adecuar las sanciones de tránsito y el régimen de puntos en 90 días, y las sanciones de transporte de carga y pasajeros en 180 días, basándose en los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Además, quienes ya se encuentren en otros programas de beneficios podrán optar por el régimen que les resulte más favorable.
El contexto de esta medida se enmarca en las declaraciones del ministro Rafael Rey, quien calificó las multas actuales como “abusivas y absurdas”, argumentando que no son comparables con las de países desarrollados. Este anuncio coincidió con la presión de un sector de transportistas que pretendía realizar un paro el martes 25 de agosto.
La decisión ha generado reacciones encontradas. Desde el Legislativo, Luis Quispe Candia, presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, anunció que citará al ministro Rey para que explique los fundamentos de permitir que los infractores paguen solo el 10% de sus sanciones.
Por otro lado, Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), respaldó la reducción pero insistió en la necesidad de actualizar la tabla de sanciones, calificándolas de "irracionales" y señalando que en Perú son de las más elevadas del mundo. Kunckel sugirió que las multas deberían ser educativas y no recaudatorias, proponiendo que solo la reincidencia sea sancionada con montos elevados y que el sistema de puntos sea sustituido por cursos de reeducación y evaluaciones psicológicas.
En sentido contrario, Roberto Vélez, gerente general de la asociación A Movernos, criticó la medida asegurando que no ayuda a combatir la cultura de impunidad y que representa una cesión ante la presión de los transportistas. Vélez cuestionó que no se haya considerado a los conductores que pagaron puntualmente y señaló que la política gubernamental debería enfocarse en combatir las extorsiones en lugar de otorgar beneficios que podrían debilitar la fiscalización efectiva.
Finalmente, la noticia revive propuestas legislativas previas, como la de la exlegisladora Kira Alcarraz, quien propuso que las multas para conductores naturales se basen en el sueldo mínimo y no en la UIT para hacerlas proporcionales a la capacidad de pago, y la del exparlamentario Juan Carlos Mori, quien impulsó un sistema de recuperación de puntos mediante incentivos y reeducación vial.
