El pasado mes de julio ha dejado una huella devastadora en el territorio español, con más de 168.000 hectáreas calcinadas. Esta cifra convierte a julio en el peor mes de su categoría en tres décadas. La gravedad de la situación se refleja en la magnitud de los siniestros: el incendio de Navaluenga, en Ávila, se ha consolidado como el más grande de la historia de España, mientras que el de La Mierla, en Guadalajara, se sitúa como el tercero en extensión. A este escenario de destrucción territorial se suma la tragedia humana, ejemplificada en el incendio de Los Gallardos, en Almería, donde se registraron 14 fallecidos.
A pesar de que los datos indican que se producen menos incendios que en épocas anteriores, la tendencia actual apunta a una mayor virulencia. Según advierte WWF, los fuegos actuales son más intensos y mucho más difíciles de extinguir. España no es un caso aislado en esta tendencia global; situaciones similares se han vivido recientemente en Australia, California, Portugal, Hawái y Chile, donde el fuego ha arrasado infraestructuras y causado víctimas mortales.
Expertos en la materia señalan que esta situación no es puntual, sino el resultado de una confluencia de factores. Núria Prat, doctora en Ciencias Ambientales de la Fundación Pau Costa, identifica tres ejes principales: el cambio climático, los cambios en los usos del suelo y las transformaciones sociales. El cambio climático, a través de olas de calor y sequías más prolongadas, provoca que las masas forestales estén más estresadas, lo que facilita la propagación del fuego, según explica la profesora Asunción Cámara de la Universidad de Oviedo.
Sin embargo, Prat insiste en que no se debe atribuir la problemática exclusivamente al clima, ya que esto generaría una sensación de impotencia. Un factor determinante es la acumulación de combustible en los bosques. El ingeniero forestal Marcos Ferreira explica que la falta de discontinuidades en la vegetación permite que los incendios crezcan a medida que avanzan. Esta situación es consecuencia directa del abandono del mundo rural y de la crisis de la economía agrícola y ganadera.
Este fenómeno es corroborado por Mariano, un ganadero de Liébana, quien recuerda que hace cuatro décadas los montes estaban habitados y el ganado mantenía la limpieza del terreno. Actualmente, la pérdida de población y el cambio en las prácticas ganaderas han provocado que el monte se "ensucie", acumulando carga vegetal que sirve de combustible. A esto se suman las políticas de "fuego cero" implementadas en los últimos años, que, según Núria Prat, han propiciado un crecimiento forestal sin gestión, aumentando la cantidad de biomasa combustible.
Otro factor de riesgo es la "interfaz urbano-forestal", es decir, la proliferación de viviendas construidas dentro o muy cerca de los bosques. Estas urbanizaciones han convertido la mayoría de los incendios recientes en problemas críticos de protección civil. Asimismo, Asunción Cámara destaca la desaparición de los cinturones preventivos que antiguamente formaban las zonas de cultivo y pasto alrededor de los pueblos rurales.
En cuanto a la capacidad de respuesta, Ingrid Guerrero, presidenta de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, alerta sobre la reducción de la plantilla de agentes, que se ha reducido a la mitad debido a jubilaciones masivas y falta de reposición. Si bien España cuenta con abundantes medios de extinción, Prat advierte que ningún recurso es suficiente para frenar un "incendio extremo", por lo que los operativos deben centrarse en la gestión del riesgo: desalojar, confinar y proteger vidas humanas.
Para revertir esta tendencia, los expertos coinciden en la necesidad de una gestión forestal integral que incluya tanto montes públicos como privados. Ignacio Pérez-Soba, del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, subraya que no sirve de nada tratar un monte si las parcelas privadas colindantes permanecen abandonadas. Para lograrlo, es fundamental apostar por la economía rural y establecer una "justicia territorial" que compense económicamente a quienes mantienen el monte, ya que proporcionan servicios ambientales como el secuestro de carbono y la mejora de la calidad del agua y el aire.
Finalmente, Miguel Ángel Soto, de Greenpeace, critica la falta de una "cultura del riesgo" y la ausencia de planes de autoprotección en muchos ayuntamientos. Los expertos concluyen que, aunque luchar contra el cambio climático es complejo, gestionar el territorio es posible, aunque denuncian que la voluntad política es insuficiente y que el tema solo se aborda durante los meses de verano.
