Un juez de la Corte Suprema de Brasil ha emitido una autorización formal para que la Policía Federal inicie una investigación contra Fábio Luís Lula da Silva, conocido popularmente como Lulinha y primogénito del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. La medida judicial se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias, según han reportado diversos medios locales este jueves.
El magistrado André Mendonça accedió a la petición solicitada por la Policía Federal con el objetivo de esclarecer la participación de Lulinha en diversas gestiones orientadas a la obtención de permisos de comercialización de cannabis medicinal. Dichas gestiones estarían vinculadas a programas específicos bajo la órbita del Ministerio de Salud, de acuerdo con la información publicada por el diario ‘Folha de São Paulo’.
Este desarrollo judicial ocurre en un momento de alta sensibilidad política, justo antes del inicio oficial de la campaña para las elecciones presidenciales previstas para octubre. En dichos comicios, el dirigente progresista Luiz Inácio Lula da Silva buscará alcanzar un cuarto mandato no consecutivo. De acuerdo con los sondeos más recientes, Lula se posiciona como el favorito para ganar la contienda, superando en las encuestas al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra actualmente preso por cargos relacionados con golpismo.
Las sospechas de las autoridades recaen sobre la posibilidad de que Lulinha haya intercedido en favor del lobista Antônio Carlos Camilo Antunes durante las negociaciones mantenidas con el Ministerio de Salud. El caso se vuelve más complejo al considerar que la Policía Federal ya ha presentado cargos contra Camilo Antunes en el marco de otro escándalo de corrupción. Este último proceso está relacionado con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), donde se detectó un desvío millonario de prestaciones destinadas a pensionados y jubilados.
En el proceso judicial del INSS, que investiga la malversación de hasta 6.300 millones de reales (equivalentes a unos 1.240 millones de dólares o 1.100 millones de euros), el nombre de Lulinha ha sido citado, aunque hasta el momento no figura formalmente como investigando. En ese contexto, se le señala por mantener supuestos vínculos con Camilo Antunes, quien es conocido en el ámbito público como el ‘Careca do INSS’ (el Calvo del INSS).
Ante la noticia de la investigación, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha hecho declaraciones públicas asegurando que su hijo mayor no recibirá "ningún privilegio" durante el proceso. El mandatario garantizó que, en caso de determinarse su culpabilidad, Lulinha "tendrá que pagar como todo el mundo hace cuando se equivoca". Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista concedida al pódcast ‘Inteligência Ltda.’.
Durante la misma entrevista, el jefe de Estado afirmó que su primogénito, quien reside actualmente en España, regresará a territorio brasileño si finalmente es juzgado en el país. Lula recordó que, desde el año 2006, su hijo ha sido utilizado como un blanco por quienes desean atacarlo personalmente, señalando que "quien me quiere atacar, comienza atacándole a él".
A pesar de su confianza en la inocencia de su hijo, el máximo dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) fue enfático al advertir que, si existen acusaciones formales, será tratado como el hijo de cualquier ciudadano. "No habrá ningún privilegio. Jamás pediré a un comisario o a un juez no hacer lo correcto", aseveró el presidente, subrayando que su hijo "no tiene derecho a errar", haciendo alusión a los procesos judiciales por corrupción que él mismo enfrentó en la segunda década del siglo XXI, los cuales fueron posteriormente archivados por la Justicia.
La autorización del juez Mendonça se enfoca específicamente en las negociaciones entre el lobista y el Ministerio de Salud. Según la tesis de la Policía Federal, citando nuevamente al diario ‘Folha de São Paulo’, Lulinha habría intercedido no solo en favor de Camilo Antunes, sino también de una empresaria cercana a él, Roberta Luchsinger, ejerciendo supuestamente su influencia tanto en el Ministerio de Salud como en el gabinete de la Presidencia de la República.
Por su parte, la defensa de Fábio Luís Lula da Silva ha rechazado tajantemente las acusaciones. Su abogado, Marco Aurélio de Carvalho, desacreditó la nueva investigación, argumentando que surge únicamente porque las autoridades no hallaron irregularidades vinculadas a Lulinha en el escándalo del INSS. El letrado afirmó que su cliente ya demostró no tener relación directa ni indirecta con el INSS ni con los negocios de Roberta Luchsinger, calificando la actuación de la Policía Federal como una "investigación prospectiva", calificando dicha práctica como grave.
