Un tribunal federal de apelaciones ha emitido un fallo que rechaza la política implementada por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual prohibía la liberación bajo fianza de los inmigrantes detenidos dentro del territorio nacional. Esta decisión judicial se suma a una serie de sentencias similares emitidas por al menos otras cuatro cortes que también se han opuesto a este criterio administrativo.
La resolución fue tomada por el panel del Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en el estado de Washington. El tribunal se pronunció a favor de una demanda colectiva que impugna el criterio judicial ordenado por la actual Administración, el cual buscaba mantener la detención de los inmigrantes mientras estos llevan a cabo la lucha legal de sus casos migratorios.
La decisión final fue aprobada mediante una votación de dos votos a favor y uno en contra. Este resultado representa un nuevo revés para la Casa Blanca, que ha tenido que enfrentar una cascada de demandas judiciales debido a la negativa de otorgar fianzas a inmigrantes detenidos que, en muchos casos, han residido en el país durante años.
En el documento del fallo, el juez Daniel Bress —quien fue nombrado precisamente por el presidente Trump— escribió en representación de la mayoría. Bress señaló que el cambio en la política gubernamental ha tenido consecuencias procesales directas, provocando que los inmigrantes detenidos presenten miles de recursos de "habeas corpus" ante diversos tribunales federales en todo Estados Unidos, con el objetivo de solicitar audiencias de fianza y lograr su posible liberación.
El panel judicial determinó que el Gobierno de Trump incurrió en una interpretación errónea de la Ley de Inmigración de 1996 (INA). Según el análisis del tribunal, dicha ley permite la detención continua específicamente para aquellas personas que son arrestadas en el momento exacto de cruzar la frontera, pero no extiende ese criterio de la misma manera a quienes ya se encuentran dentro del país.
Este fallo es el cuarto revés judicial de este tipo para la administración de Donald Trump. Anteriormente, el Gobierno ya había enfrentado decisiones similares por parte de los tribunales de apelación del Segundo, Sexto, Décimo y Décimo Primer distrito. Esta tendencia judicial muestra una resistencia recurrente a la política de detención sin fianza en múltiples jurisdicciones federales.
A pesar de estas derrotas, la administración de Trump ha logrado obtener el respaldo de los tribunales de apelación del Quinto y Octavo circuito. Esta división de criterios entre los diferentes circuitos judiciales hace que sea muy probable que el tema sea elevado y resuelto finalmente por la Corte Suprema de Estados Unidos.
El origen de este fallo particular se encuentra en una demanda colectiva iniciada por Ramón Rodríguez Vásquez. Rodríguez Vásquez es un trabajador agrícola que fue detenido durante una redada realizada en el estado de Washington en febrero de 2025. Tras su arresto, el hombre permaneció detenido durante varios meses en la cárcel de Tacoma, Washington.
Durante su proceso, un juez de inmigración le negó el derecho a fianza. Esta negativa ocurrió a pesar de que Rodríguez Vásquez contaba con el respaldo de su empleador y del médico que atendía a su nieta. La niña, que es ciudadana estadounidense, padece afecciones cardiacas y recibía la ayuda de su abuelo para sus cuidados. Tanto el empleador como el médico habían enviado testimonios detallando el buen carácter moral del detenido para apoyar su solicitud de liberación.
A pesar de la resolución favorable del tribunal de apelaciones, Ramón Rodríguez Vásquez no se verá beneficiado directamente por esta decisión, ya que ya ha abandonado el país. No obstante, el alcance del fallo es amplio, ya que cubre a todos aquellos inmigrantes que se encuentren actualmente dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito.
Se prevé que el Gobierno de Donald Trump no acepte este resultado y proceda a apelar la decisión ante las instancias correspondientes para intentar reinstaurar su política de detención.
