El FC Barcelona ha recibido este jueves, mientras desarrolla su stage de pretemporada en Birmingham, la notificación oficial de una denuncia interpuesta por el Atlético de Madrid ante la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El club colchonero considera que la entidad azulgrana ha incurrido en irregularidades al intentar contratar al delantero Julián Álvarez, presuntamente forzando su salida mediante procedimientos inadecuados y proponiendo una cantidad significativamente inferior a su cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros.
La denuncia, que fue formalizada el pasado 30 de junio, ha llegado a manos del Barcelona a través de la RFEF, organismo encargado de canalizar este tipo de demandas administrativas y deportivas. El club catalán ha informado que estudiará detenidamente los plazos de respuesta establecidos por la normativa para presentar las alegaciones correspondientes en los próximos días. El núcleo del conflicto reside en que el futbolista posee un contrato en vigor con el equipo madrileño hasta el año 2030, y el Atlético sostiene que el Barcelona ha negociado con el jugador durante el periodo protegido.
La decisión del Atlético de Madrid de elevar el caso a las instancias internacionales se tomó el 23 de junio, motivada por las declaraciones públicas de Julián Álvarez durante el Mundial, concretamente tras el encuentro entre Argentina y Austria. En aquel momento, el atacante manifestó que “lo mejor para todos es una transferencia” y expresó su deseo de “cumplir” un “sueño”. Aunque no existen pruebas documentadas que vinculen directamente al Barcelona con estas palabras, la directiva colchonera está convencida de que el club azulgrana orquestó una estrategia para que el jugador se pronunciara públicamente sobre su voluntad de abandonar el Metropolitano.
Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, ha sido tajante en sus críticas hacia la gestión del Barcelona. “El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos”, protestó el directivo en declaraciones a EFE, subrayando que su responsabilidad primordial es defender los intereses del Atlético. Asimismo, confirmó que el jugador mantuvo una reunión con el club en la que expresó su deseo de cambiar de aires, aunque Gil Marín insistió en que el Atleti ha sido claro: el club no tiene intención de transferir sus derechos, destacando el orgullo que sienten por contar con un jugador de su calidad.
Desde el lado del Barcelona, la intención de fichar al delantero de 26 años era evidente y se había avanzado en gestiones concretas. El 27 de mayo, Joan Laporta y Deco se reunieron en un hotel con Fernando Hidalgo, representante del futbolista, donde se llegaron a pactar las condiciones de un contrato por cinco temporadas. En dicha cena también estuvieron presentes Juanma López, agente de Dani Olmo, y Joan Garcia, quien actuaba como intermediario gracias a su relación con el entorno del Atlético.
Para formalizar el interés, el Barcelona presentó una propuesta formal de 100 millones de euros. Sin embargo, el Atlético de Madrid no emitió una respuesta formal a través de los canales habituales, sino que reaccionó denunciando lo que calificaron como una “campaña de acoso y derribo” contra el atacante. La entidad madrileña llegó a lanzar duras críticas hacia la gestión institucional del club catalán, mencionando cuestiones ajenas al fichaje, como la relación con el vicepresidente de los árbitros o el uso de favores políticos para la inscripción de jugadores.
Gil Marín acusó al Barcelona de mentir a todas las partes implicadas: al jugador, a los medios de comunicación y a su propia afición, asegurando que intentan proyectar una capacidad económica para una operación que, en realidad, no podrían afrontar. Además, el directivo comparó esta situación con la gestión realizada el año pasado respecto a Nico Williams y el Athletic Club.
Internamente, el Barcelona mantenía la esperanza de que la operación siguiera viva. La falta de respuesta a la oferta inicial de 100 millones generó dudas sobre cómo proceder, pero la hoja de ruta consistía en reactivar la ofensiva tras el Mundial, con la convicción de que el fichaje podría cerrarse por esa cifra más otros 20 o 30 millones en variables. Joan Laporta, quien lideraba la negociación, había advertido que la oferta no era "sine die" y tenía una fecha de caducidad.
Finalmente, ha trascendido un malestar profundo en la directiva azulgrana debido a la gestión de Mateu Alemany. Se considera que el encargado de canalizar la negociación no trasladó la oferta adecuadamente a Gil Marín, lo que provocó una confusión inicial. Aunque Laporta mantuvo posteriormente una conversación directa con el consejero delegado del Atlético para aclarar las condiciones y resolver dicho malentendido, la postura de Gil Marín se mantuvo firme, culminando en la denuncia formal ante la FIFA y la RFEF.
