El panorama político de América Latina ha alcanzado un punto de inflexión crítico tras las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien ha anunciado la abolición definitiva del sistema electoral en su país. Durante la celebración del 47º aniversario de la Revolución Sandinista, el domingo 19 de julio, Ortega fue tajante al afirmar: “Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones”. Con estas palabras, el mandatario nicaragüense ha sentenciado la democracia en su nación, consolidando un escenario de dictadura abierta.
Este hecho se inserta en una crisis inédita de la democracia en la región durante las últimas décadas. Actualmente, los gobiernos moderados son una rareza, y diversas naciones muestran tendencias autoritarias que generan alarma. En este contexto, surge el Conversatorio Latinoamericano (CONLAT), una iniciativa académica que agrupa a cuatro instituciones de excelencia: el Colegio de México, la Universidad de los Andes en Colombia, el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (IESP-UERJ) y la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. El objetivo de este grupo es monitorear permanentemente la salud democrática regional, además de analizar problemáticas de seguridad, violencia y desigualdad.
El CONLAT ya había detectado señales de debilidad democrática en reuniones previas, como la celebrada en México en noviembre de 2025. En aquel momento, aunque Ortega no había decretado el fin de las elecciones y Estados Unidos aún no había ejecutado el ataque militar contra Venezuela —que ocurriría el 3 de enero de 2026—, la fragilidad del sistema ya era evidente. Especialmente preocupantes resultaban las acciones militares de Washington en su lucha contra el narcotráfico, que ya habían dejado más de 100 muertos en explosiones de lanchas en el Mar Caribe.
Según los análisis del CONLAT, la “guerra contra las drogas” impulsada por Estados Unidos ha tenido consecuencias devastadoras en la región. Bajo la administración de Donald Trump, este ciclo se ha intensificado mediante una retórica de “narcoterrorismo” y la designación de organizaciones criminales como grupos terroristas. Los académicos definen este fenómeno como “hipersecuritización”, un proceso donde el discurso de seguridad desborda los marcos normativos existentes y genera un estado de excepcionalidad permanente que justifica medidas inaceptables en contextos democráticos normales.
El Salvador, bajo el mando de Nayib Bukele, es citado como un ejemplo de este giro hacia la extrema derecha, convirtiéndose en uno de los principales aliados de Washington. Paralelamente, en Colombia se han encendido las alertas ante la posible elección del ultraderechista Abelardo De la Espriella. Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes y miembro del CONLAT, advierte que la injerencia de Estados Unidos podría intensificarse, ya que el gobierno de Trump ha dejado de exigir a sus aliados el mantenimiento de las formas democráticas, condicionamiento que sí existía en el pasado mediante la ayuda militar.
La situación se agrava debido a la ausencia de una gobernanza regional efectiva. El fracaso de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la irrelevancia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) y la pérdida de influencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) han dejado a los países aislados frente a los movimientos autoritarios. Juan Negri, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, señala que mientras hace una década las amenazas provenían principalmente de la izquierda (chavismo, Cuba, Nicaragua), hoy la amenaza principal surge de la derecha. Según Negri, estos gobiernos llegan al poder mediante elecciones para luego erosionar los sistemas democráticos, prescindiendo incluso de la fachada democrática.
En México, la situación es analizada por Guadalupe González, investigadora del Colegio de México, quien describe la salud de la democracia local como “el elefante en la sala”. González destaca que el factor más disruptivo es la administración de Trump, sugiriendo que Estados Unidos podría estar transitando hacia una autocracia. En el plano interno mexicano, la investigadora cuestiona el compromiso democrático de la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando específicamente la reforma al Poder Judicial —donde los jueces son electos por voto popular siguiendo el modelo boliviano del Movimiento al Socialismo— como una medida de venganza del partido Morena.
Finalmente, el análisis regional subraya que la democracia no solo está en crisis en América Latina, sino también en Estados Unidos y Europa. La política exterior estadounidense se ha vuelto transaccional, priorizando intereses empresariales sobre la diplomacia de carrera. En este entorno, países como Brasil, México y Uruguay intentan resistir la denominada “ola azul”, aunque enfrentan desafíos internos significativos. Preservar la democracia se presenta como un reto doblemente complejo ante un liderazgo estadounidense errático y sin límites claros.
