En una declaración oficial emitida este 24 de julio, el Gobierno de Irán ha lanzado una severa crítica contra la administración de Estados Unidos, acusándola de promover una agenda que busca normalizar la comisión de crímenes de guerra. Estas declaraciones fueron encabezadas por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, quien manifestó a través de un comunicado de la Cancillería que las acciones y advertencias provenientes de Washington representan un riesgo para la estabilidad del derecho internacional.
El portavoz Baghaei fue enfático al señalar que no existe orden alguna, independientemente de quién la emita, que pueda servir como justificación para la ejecución de actos calificados como crímenes de guerra. En este sentido, el funcionario iraní subrayó un punto jurídico fundamental: el hecho de que las órdenes sean emitidas por altos funcionarios estadounidenses no exime a los responsables directos de la ejecución de dichas acciones de su responsabilidad penal. Para Teherán, el cumplimiento de una orden superior no elimina la culpabilidad individual ni colectiva cuando se vulneran los preceptos básicos del derecho penal internacional.
Desde la perspectiva del Gobierno iraní, el accionar de Estados Unidos demuestra una intención deliberada de sacrificar los remanentes del derecho internacional humanitario. Baghaei sostuvo que Washington está dispuesta a dejar de lado los valores humanitarios universales en favor de sus propias políticas bélicas. Según el portavoz, esta priorización de los objetivos militares sobre las normas humanitarias constituye un retroceso en la protección de los derechos fundamentales durante los conflictos armados.
Uno de los puntos más críticos del comunicado se centra en la protección de las infraestructuras civiles. Baghaei advirtió explícitamente que cualquier ataque dirigido contra instalaciones que no tengan un propósito militar, tales como puentes y centrales eléctricas, constituye una violación directa del derecho internacional. El portavoz iraní calificó estas posibles acciones no como operaciones tácticas legítimas, sino como actos de represalia y castigo colectivo.
Sobre este punto, el portavoz recordó que las prácticas de castigo colectivo están expresamente prohibidas por las normativas globales. Baghaei afirmó que tales acciones pueden constituir crímenes de guerra, no solo bajo la óptica del derecho internacional, sino también en virtud de la propia legislación interna de los Estados Unidos, lo que pone de manifiesto una contradicción legal en las amenazas lanzadas por Washington.
El contexto que desencadena estas declaraciones se remonta a las recientes amenazas proferidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario estadounidense había advertido que su administración podría bombardear infraestructuras estratégicas en territorio iraní, mencionando específicamente centrales eléctricas y puentes. Estas amenazas fueron planteadas como una respuesta ante cualquier posible ataque por parte de Teherán que pudiera afectar a los buques o entorpecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una zona de vital importancia para el comercio global de energía.
La tensión ha escalado significativamente tras los anuncios realizados por Donald Trump el pasado 8 de julio. En esa fecha, el presidente estadounidense comunicó el fin del alto el fuego que había sido contemplado previamente en un memorando de entendimiento firmado entre ambas naciones el 18 de junio. La ruptura de este acuerdo ha dejado el camino abierto a un incremento de la retórica bélica y a la posibilidad de acciones militares directas.
En resumen, la postura de Irán, expresada por Esmail Baghaei, busca denunciar lo que consideran un intento de Washington de legitimar ataques contra civiles e infraestructuras básicas bajo la apariencia de seguridad nacional o represalia. Teherán insiste en que la ley internacional debe prevalecer sobre las políticas de guerra y que los responsables de cualquier violación a estos marcos legales deberán rendir cuentas, sin importar el rango del funcionario que haya ordenado el ataque.
