Ha transcurrido un mes desde que el norte de Venezuela fuera azotado por un doble evento sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5, dejando un rastro de devastación en la región. Tras treinta días de ocurrida la tragedia, el balance oficial ha permitido cuantificar la magnitud de la crisis humanitaria y material que atraviesa la zona afectada.
De acuerdo con las cifras oficiales registradas hasta la fecha, el número de fallecidos asciende a al menos 5.278 personas. El impacto de los sismos también dejó un saldo de 16.740 heridos, mientras que la crisis habitacional es crítica, con 17.907 personas que se encuentran actualmente sin vivienda. La infraestructura urbana también sufrió daños severos: el reporte indica que 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron totalmente.
El estado costero de La Guaira ha sido identificado como la zona cero de los sismos, concentrando la mayor parte de la devastación tanto en vidas humanas como en estructuras físicas. En este contexto de crisis, este martes 21 de julio, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y el Ministerio del Interior realizaron una convocatoria dirigida a los familiares de las víctimas.
El objetivo de este llamado es llevar a cabo una toma voluntaria de muestras de ADN. Según el comunicado oficial, el propósito de recolectar estos perfiles genéticos es realizar comparaciones que permitan identificar los cuerpos que aún permanecen en las morgues. A través de este procedimiento técnico, las autoridades buscan brindar "certeza y paz a las familias" que aún no han podido dar sepultura a sus seres queridos o confirmar su fallecimiento.
Sin embargo, esta convocatoria ocurre en medio de reportes contradictorios sobre el manejo de los cuerpos. A principios de julio, la agencia EFE citó a testigos que aseguraron que víctimas que no habían sido identificadas ya habían sido enterradas en fosas abiertas dentro de un cementerio municipal de La Guaira. Esta situación genera una tensión adicional para los familiares que ahora acuden a las jornadas de toma de muestras genéticas.
Otro punto crítico que persiste después de 30 días es la ausencia de un informe oficial detallado sobre el número de personas desaparecidas. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado una cifra global y clara sobre cuántas personas siguen sin localizarse tras los sismos.
Las únicas referencias disponibles provienen de declaraciones fragmentadas. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que en el estado de La Guaira se encontraban unas 30.000 personas al momento de los sismos. Según sus declaraciones, alrededor de 19.800 de ellas lograron escapar o fueron rescatadas exitosamente. Bajo esta aritmética, se deduce que solo en el estado de La Guaira podrían quedar unas 10.000 personas sin localizar.
A este escenario se suman las advertencias de organismos internacionales. En el mes de junio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que había recibido cifras no confirmadas que sugerían que la cantidad de desaparecidos podría alcanzar hasta las 50.000 personas.
En resumen, mientras el Gobierno venezolano intenta avanzar en la identificación forense de los fallecidos mediante el Senamecf y el Ministerio del Interior, persiste una brecha significativa entre los datos oficiales de rescatados y las estimaciones de desaparecidos, en una zona donde La Guaira sigue siendo el epicentro del dolor y la destrucción.
