Tras un proceso legal que se extendió durante seis años, se ha emitido una sentencia definitiva en el caso del crimen de una mujer embarazada ocurrido en el cantón Azogues, perteneciente a la provincia del Cañar. El Tribunal Primero de Garantías Penales resolvió este lunes 20 de julio de 2026 imponer una pena de 26 años de prisión contra Luis David N., quien fue hallado responsable del femicidio de su novia.
La víctima era una joven de tan solo 20 años de edad, quien al momento de su fallecimiento se encontraba en la semana 14 de gestación. Durante el desarrollo del juicio, se pudo determinar que el sentenciado no solo acabó con la vida de la joven, sino que lo hizo en un contexto de violencia sistemática y tras haber intentado forzarla a interrumpir su embarazo, situación que marcó la dinámica de la relación sentimental que mantenían.
Además de la privación de libertad, la resolución judicial establece una medida de reparación integral. El Tribunal dispuso que el sentenciado realice un pago de 30.000 dólares estadounidenses a favor de los padres de la víctima, como parte de la compensación económica derivada de la sentencia ejecutoriada.
Los hechos que llevaron a esta condena se remontan a la mañana del 17 de abril de 2019. En aquella fecha, moradores del sector Charasol alertaron sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en las proximidades de las orillas del río Burgay. Tras la intervención de las autoridades y la realización de la autopsia médico-legal, se confirmó que la causa del fallecimiento fue asfixia por estrangulamiento. Asimismo, los exámenes forenses ratificaron que la joven estaba embarazada.
La reconstrucción de los hechos presentada durante el juicio permitió esclarecer la cronología del crimen. Según las investigaciones, el 16 de abril de 2019, el agresor citó a la víctima en el sector Charasol. Para lograr que ella se trasladara hasta ese lugar, Luis David N. utilizó el pretexto de que necesitaba una computadora prestada. Una vez en el sitio, y según las investigaciones fiscales, alrededor de las 21h00 de ese mismo día, el procesado acabó con la vida de la joven y posteriormente abandonó la escena.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó diversos elementos probatorios. Entre ellos, destacaron los testimonios de compañeros universitarios de la víctima. Estos testigos declararon que la joven les había solicitado indicaciones para llegar al sector Charasol y les había informado que se reuniría con su pareja, lo que permitió situar a la víctima en el lugar y momento del crimen.
Complementando las pruebas testimoniales, la Fiscalía incorporó un informe técnico de análisis telefónico elaborado por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased). Este peritaje tecnológico fue fundamental, ya que permitió ubicar geográficamente tanto a la víctima como al procesado en el lugar de los hechos en la fecha y hora de la agresión.
Otro componente crucial del juicio fue la presentación de peritajes especializados, específicamente una necropsia psicológica. Este estudio acreditó que la víctima vivía en un círculo permanente de violencia. De acuerdo con el ente fiscal, Luis David N. ejercía un control coercitivo sobre la joven, manifestado a través de celos intensos, la imposición de órdenes restrictivas respecto a sus amistades y una vigilancia constante mediante el uso de redes sociales.
El proceso judicial dejó en evidencia que la presión reiterada para que la mujer interrumpiera la gestación fue un factor determinante en la escalada de violencia que culminó en el femicidio. La valoración integral de las pruebas testimoniales, documentales y periciales llevó al Tribunal a declarar la responsabilidad penal de Luis David N. por el delito de femicidio de la mujer embarazada, dictaminando que deberá cumplir su condena en un centro de privación de libertad.
