La Comisión 20 de diciembre de 1989 ha informado que, hasta la fecha, se han logrado identificar los restos de 13 panameños que perdieron la vida durante la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989. El avance más reciente en este proceso ha sido la identificación científica de Manuel Carol Ojo, cuyos restos fueron recuperados en enero de 2020.
Manuel Carol Ojo tenía 32 años al momento de su desaparición. Se desempeñaba como técnico hidrólogo en el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), entidad que actualmente ha desaparecido. El joven desapareció durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989, una fecha que guardaba una particular amargura para su familia, ya que ese día Carol Ojo cumpliría sus 33 años.
Tras su desaparición en medio de las refriegas provocadas por la intervención militar, sus familiares iniciaron una búsqueda exhaustiva y desesperada. Durante los días posteriores a la invasión, recorrieron hospitales, morgues, centros de detención y cementerios, sin obtener respuesta alguna sobre su paradero. Esta situación sumió a su familia en un proceso de incertidumbre que se prolongó por más de treinta y seis años, manteniendo siempre la esperanza de encontrarlo para poder cerrar el ciclo de duelo.
La resolución de este caso fue posible gracias a las exhumaciones realizadas en enero de 2020 en la manzana 90 Bis del Cementerio Jardín de Paz. Estas diligencias judiciales fueron conducidas por el Ministerio Público, permitiendo la recuperación de restos humanos y diversas evidencias que fueron sometidas a análisis científicos exhaustivos en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
La identificación de Manuel Carol Ojo fue el resultado de un esfuerzo coordinado entre la sección de Descarga Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Dentro de los expedientes reabiertos e investigados, se aplicaron estudios multidisciplinarios que incluyeron la antropología forense y la genética. Estos análisis permitieron obtener un perfil genético de los restos óseos exhumados, el cual fue comparado con muestras biológicas aportadas por los familiares, confirmando científicamente su identidad.
Con este resultado, la Comisión 20 de diciembre de 1989 reiteró que la cifra de víctimas identificadas y restituidas, o en proceso de restitución a sus familias, asciende a 13 personas. El organismo subrayó que este trabajo continuado es fundamental para avanzar progresivamente en la identificación de aquellas víctimas cuyos restos permanecieron sin nombre durante décadas.
No obstante, la Comisión ha señalado que, en el momento de los hechos, el trato otorgado a los cadáveres no se ajustó a las normas internacionales. De acuerdo con las versiones de la entidad, las identificaciones realizadas en aquel entonces no fueron las adecuadas en diversos casos, lo que ha dificultado el proceso de cierre para cientos de familias.
Para contextualizar estos hechos, el 20 de diciembre de 1989, más de 27 mil soldados estadounidenses invadieron el territorio panameño con el objetivo de derrocar al exgeneral Manuel Antonio Noriega. Noriega había gobernado el país con mano fuerte desde 1983 hasta 1989 y era acusado por el gobierno de Estados Unidos de estar vinculado al narcotráfico.
El saldo de víctimas mortales sigue siendo un punto de controversia. Mientras que los datos oficiales registran que al menos 500 panameños fallecieron durante la invasión y en fechas posteriores, diversas organizaciones civiles sostienen que la cifra real fue de miles de personas, aunque no han proporcionado detalles adicionales que respalden dicha cantidad.
La búsqueda de justicia y verdad tomó un impulso administrativo en 2016, cuando el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) creó, mediante decreto, la comisión encargada de contabilizar e identificar a los fallecidos por la invasión. A este esfuerzo nacional se sumó la presión internacional; en 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó que Estados Unidos era responsable de violaciones a los derechos humanos y solicitó formalmente a Washington llevar a cabo una reparación integral para todas las víctimas.
