Integrantes de la asociación de gaseros y permisionarios dedicados a la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (Gas LP) en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, han alzado la voz para denunciar que son víctimas de una creciente y sistemática ola de extorsiones. Los afectados han hecho un llamado urgente y enérgico al Gobierno Federal para que intervenga de manera inmediata, asegurando que la violencia imperante en la zona pone en grave riesgo no solo la integridad física de los trabajadores, sino también la seguridad de los clientes que acuden a abastecerse.
La crisis ha escalado a un punto crítico, llevando a los empresarios a manifestar su frustración ante la aparente inoperancia de las instituciones de seguridad locales. Según los testimonios recabados, el gremio ha presentado al menos cinco denuncias formales ante el Ministerio Público; sin embargo, afirman que las investigaciones no han mostrado avance alguno y que las amenazas continúan llegando a sus establecimientos. Esta falta de resultados ha llevado a los denunciantes a señalar un presunto contubernio entre los grupos delictivos y diversas autoridades municipales y estatales, sugiriendo que la inacción oficial es una señal de complicidad.
La gravedad de la situación se hizo evidente a través de la difusión de un video en redes sociales. En el material audiovisual, se observa la llegada de dos sujetos armados a bordo de una motocicleta a una estación de Gas LP en Chimalhuacán. En las imágenes se aprecia cómo uno de los individuos desciende del vehículo para entregar una carta a una de las despachadoras del lugar. En dicho documento, los presuntos delincuentes exigen el pago de una "cuota" semanal de 15 mil pesos.
El contenido de estas misivas no se limita a la exigencia económica. Los criminales advierten explícitamente que, en caso de que los propietarios se nieguen a realizar los pagos, procederán a incendiar los puntos de venta y a lanzar ataques directos contra los empleados y los consumidores. Estas amenazas adquieren una connotación especialmente peligrosa debido a la naturaleza inflamable del producto que se maneja en estas instalaciones, lo que podría derivar en una tragedia de grandes proporciones.
De acuerdo con la información proporcionada por los afectados, las cartas están firmadas por una supuesta “filial” de la organización criminal conocida como La Chokiza, la cual presuntamente opera en diversos municipios de la zona oriente del Estado de México. Lo que más ha alarmado a los empresarios es el nivel de inteligencia que el grupo delictivo posee sobre sus negocios. Los documentos contienen datos detallados de cada establecimiento, incluyendo el número exacto de empleados, los horarios de entrada y salida del personal, e incluso información sobre los domicilios particulares de algunos de los trabajadores.
Este nivel de vigilancia permanente ha generado un estado de vulnerabilidad y temor constante entre los propietarios, quienes consideran que la organización criminal tiene el control visual de sus operaciones y que cualquier negativa al pago podría escalar la violencia de forma inmediata.
Representantes del gremio gasero informaron que este modus operandi se ha repetido en al menos 30 expendios de Gas LP distribuidos en distintas zonas de Chimalhuacán. La situación ya ha pasado de las amenazas a las agresiones físicas; en cinco de esos establecimientos ya se han registrado ataques contra el personal y diversos intentos de provocar incendios en las instalaciones.
Un representante legal de una de las empresas afectadas, quien solicitó el anonimato por temor a represalias, confirmó que en cinco lugares ya han agredido a los empleados o han intentado quemar los locales, siguiendo el mismo patrón de entrega de cartas. Asimismo, aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la policía municipal y la alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, tienen pleno conocimiento de estos hechos.
A pesar de que las autoridades locales están informadas, los empresarios lamentan la ausencia de una estrategia efectiva de protección y detención de los responsables. "Por eso creemos que están coludidos o algo pasa ahí. Esa inacción de las autoridades da mucho miedo", expresó el representante legal, quien añadió que existe un temor generalizado entre las víctimas para solicitar avances en las carpetas de investigación, ya que sospechan que la información podría filtrarse hacia los grupos delictivos.
Ante este panorama de inseguridad y desconfianza institucional, el sector gasero ha solicitado la intervención urgente de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. El objetivo es reforzar la seguridad en el municipio y prevenir que las amenazas se conviertan en hechos con consecuencias fatales. Los empresarios reiteraron que están denunciando los hechos en tiempo y forma para prevenir una desgracia, pero advirtieron que, sin el apoyo de las autoridades federales, será sumamente complicado garantizar la seguridad de los trabajadores, los comercios y la población general.
