La cifra de víctimas mortales derivadas del doble evento sísmico ocurrido el pasado 24 de junio en Venezuela ha continuado en aumento. Este viernes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que el número total de fallecidos ascendió a 5.069 personas, tras contabilizarse 139 nuevos decesos en las últimas actualizaciones del balance oficial.
El reporte detallado por Rodríguez revela la magnitud de la tragedia humana y material. Además de las pérdidas de vidas, la cantidad de personas heridas se mantiene en 16.740, una cifra que evidencia el impacto devastador de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el territorio. La crisis habitacional es igualmente severa; según los datos difundidos a través de la cuenta de Telegram del parlamentario, quien es hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, existen actualmente 17.907 personas que se encuentran sin vivienda.
En cuanto a la respuesta humanitaria, las autoridades venezolanas han reportado la atención de un total de 128.324 familias afectadas por los terremotos. Debido a la pérdida de sus hogares y la inhabitabilidad de diversas zonas, 21.235 personas permanecen refugiadas en 107 campamentos transitorios instalados para brindar refugio temporal mientras se definen las soluciones definitivas de alojamiento.
La inestabilidad telúrica ha persistido en la región. Desde que ocurrieron los sismos principales el 24 de junio, se han registrado un total de 1.331 réplicas. El reporte oficial destaca que la réplica más sentida por la población ocurrió la mañana del pasado 10 de julio. Se trató de un sismo de magnitud 3,9, localizado a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira. Esta entidad federal ha sido identificada como la zona más afectada por el doble terremoto. El evento del 10 de julio generó fuertes sentimientos de pánico entre los residentes, lo que derivó en la evacuación preventiva de múltiples edificios.
Ante la urgencia de restablecer la infraestructura habitacional, el Gobierno informó el pasado fin de semana sobre el inicio de un censo biométrico. El objetivo de este operativo es determinar con exactitud la cantidad de viviendas que deben ser reconstruidas o edificadas desde cero para albergar a los damnificados. Aunque el censo sigue en proceso, las estimaciones preliminares del Ejecutivo sugieren que la necesidad podría alcanzar las 25.000 viviendas.
En el ámbito legislativo, el Parlamento venezolano ha tomado medidas para agilizar la respuesta constructiva. El pasado martes, el cuerpo legislativo aprobó un proyecto de reforma de ley diseñado específicamente para acelerar la construcción de viviendas en el país tras la catástrofe. Esta modificación recae sobre la Ley contra la Estafa Inmobiliaria.
Al respecto, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, brindó detalles sobre la finalidad de esta reforma. Explicó que el objetivo primordial es garantizar condiciones óptimas de seguridad jurídica y mejorar la capacidad de financiamiento. Según Infante, estas medidas buscan incentivar al sector privado para que inicie un "proceso agresivo" de construcción de viviendas, permitiendo que la inversión privada colabore en la mitigación de la crisis habitacional.
Cabe destacar que el proyecto de reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria aún no es definitivo, ya que debe someterse a un segundo debate en el Parlamento para obtener su aprobación final. Una vez aprobada, se espera que los nuevos mecanismos de financiamiento y seguridad jurídica permitan reducir el tiempo de espera para las miles de personas que aún se encuentran en campamentos transitorios o en situaciones de precariedad habitacional.
