Siete meses y medio, trece magistrados y un avance mínimo. Así se encuentran las causas por fraude y lavado de dinero contra los jefes del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
La Cámara Federal de Casación Penal ha retomado el control del caso para definir qué tribunal debe investigar estas denuncias. Esta situación, descrita como inusual, ha paralizado los expedientes mientras la causa rebota entre juzgados federales, penales económicos y cámaras de apelación.
El punto central de la disputa es la mansión de Pilar, valuada en 25 millones de dólares, que cuenta con helipuerto y pista ecuestre. La justicia busca determinar quiénes son los verdaderos dueños de la propiedad. Mientras la Cámara Nacional en lo Penal Económico había dejado la causa en manos de la jueza Verónica Straccia, los presuntos testaferros de la AFA, Luciano Pantano y Ana Conte, insistieron en que el caso regrese al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
A este complejo escenario se suma que el juez de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques, supuestamente habría festejado su cumpleaños en dicha mansión.
Por otro lado, el procesamiento de Tapia y Toviggino por apropiación indebida de aportes, dictado originalmente por el juez Diego Amarante y confirmado por los jueces Hornos y Robiglio, también será revisado ahora por Casación.
La Cámara de Casación ya fijó una audiencia para el próximo 12 de agosto, tras la feria judicial de invierno. En ese encuentro se decidirá finalmente si el caso permanece en el fuero penal económico o si se traslada al juzgado de Campana, el magistrado elegido por los investigados.
Siguenos en Noticias lat para más noticias.
