La situación de la seguridad y la justicia en Honduras presenta una contradicción alarmante. Mientras que las estadísticas oficiales muestran una ligera tendencia a la baja en la cantidad de asesinatos, los defensores de derechos humanos y las organizaciones civiles advierten que la impunidad se ha consolidado como uno de los problemas más críticos y persistentes del Estado.
El analista y defensor de derechos humanos, Andrés Pavón, ha sido enfático al señalar que existe una preocupante falta de voluntad política para combatir la criminalidad. Según Pavón, al Estado de Honduras "le interesa poco o nada capturar a los criminales", una afirmación que surge tras analizar la brecha existente entre la reducción de la tasa de homicidios y la incapacidad de las autoridades para resolver los casos judiciales.
Para sustentar este análisis, se han tomado como referencia las cifras del Sistema de Estadístico Policial (Sepol). De acuerdo con estos datos, durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 1,268 homicidios en todo el territorio nacional. Si se comparan estas cifras con el mismo periodo del año 2025, donde se registraron 1,332 crímenes, se observa una reducción de 64 asesinatos. Sin embargo, para Pavón, este descenso numérico no debe confundirse con un éxito en la estrategia de seguridad.
El ex presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) sostuvo que el problema central no reside únicamente en el volumen de asesinatos, sino en la ausencia de resultados concretos en las investigaciones criminales. "La mayor dificultad que han tenido las autoridades es el nivel de impunidad. Una impunidad que se mantiene casi sostenible aunque la tasa del homicidio baje", expresó el analista durante una entrevista concedida al medio TN5.
Pavón cuestionó severamente la capacidad operativa del Estado para investigar y capturar a los responsables de los delitos. En su análisis, señaló que la creación de diversas direcciones policiales no ha respondido a una estrategia técnica efectiva, sino que ha sido una reacción a la presión popular ante la evidente ineficacia del Estado en el combate al crimen. Según el experto, estas instituciones terminan siendo inoperantes porque no cuentan con el respaldo de un esfuerzo real de investigación.
El defensor de derechos humanos criticó que los entes encargados de la investigación criminal mantengan un ritmo de trabajo "normal", sin acelerar los procesos ni implementar tecnología avanzada que permita optimizar la captura de delincuentes. Esta falta de inversión en capacidades tecnológicas y humanas lleva a Pavón a concluir que la justicia en Honduras es "selectiva", asegurando que las capturas ocurren principalmente cuando el Estado así lo decide y no como resultado de un proceso judicial objetivo.
Estas denuncias encuentran un respaldo estadístico contundente en el informe "Estado de País 2026", elaborado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). El documento revela una cifra devastadora: el 98% de los homicidios en Honduras permanecen en la impunidad. Este dato evidencia que la gran mayoría de los crímenes violentos no llegan a una sentencia condenatoria, dejando a las víctimas y sus familias sin justicia.
El informe de la ASJ también retrocede al año 2025 para contextualizar la crisis, indicando que en ese periodo el país registró un promedio de seis homicidios diarios. Lo más preocupante, según la organización, es que este nivel de violencia persiste a pesar de los millonarios recursos financieros que han sido destinados al sistema de seguridad y justicia, lo que sugiere una gestión ineficiente de los fondos públicos.
Finalmente, la ASJ advierte que la crisis de impunidad no se limita a los homicidios. Honduras continúa enfrentando desafíos graves en otras áreas de criminalidad, tales como la extorsión, la violencia contra las mujeres y un incremento en los abusos sexuales contra menores de edad. Estos factores, sumados a la inoperancia judicial, subrayan la urgencia de fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar los delitos para romper el ciclo de impunidad que impera en el país.
