Ecuador enfrenta una paradoja en su crisis de seguridad. Mientras que las cifras oficiales del Ministerio del Interior sugieren un alivio estadístico en la letalidad, la realidad en el terreno revela que la violencia no ha desaparecido, sino que ha experimentado una metamorfosis geográfica. Los datos indican que, entre enero y mayo de 2026, los homicidios intencionales en el país cayeron un 14,65%, descendiendo de 4.085 casos registrados en el mismo periodo de 2025 a 3.485 en el actual. Sin embargo, este descenso oculta un fenómeno alarmante: la expansión del crimen organizado hacia territorios que anteriormente se consideraban seguros.
Esta dinámica ha sido identificada por especialistas en seguridad como el "efecto globo". De acuerdo con este concepto, la presión ejercida por el Estado en los epicentros históricos del narcotráfico y la violencia no elimina la criminalidad, sino que la desplaza hacia zonas con menor vigilancia. Como resultado, la guerra de mafias ya no se concentra únicamente en las ciudades portuarias, sino que se ha extendido por el 62% del territorio nacional. Actualmente, la violencia asedia a 138 cantones diferentes, manteniendo un promedio devastador de 23 asesinatos diarios.
El análisis de los datos muestra que el repliegue de los homicidios en los balances nacionales se sustenta principalmente en el éxito táctico alcanzado en zonas que antes eran prácticamente intransitables para las autoridades. El caso más emblemático es el de Durán, el cantón ferroviario, que logró un desplome del 51% en su tasa de letalidad, reduciendo sus víctimas de 319 a 156. De igual manera, en la provincia de Manabí, Portoviejo registró una caída del 46,3%, pasando de 149 a 80 casos, mientras que Babahoyo, en Los Ríos, redujo su cifra de 132 a 70 víctimas. En total, 51 cantones reportaron reducciones y otros 44 lograron mantener su marcador en cero.
No obstante, este alivio en la zona costera ha funcionado como una cortina de humo que invisibilizó la colonización del crimen organizado en otras latitudes. Mientras algunas ciudades respiran, 82 cantones del país han registrado un repunte drástico en sus niveles de muertes violentas. Gabriel Lozano, experto en seguridad, explicó al diario Expreso que las organizaciones criminales poseen una enorme capacidad de adaptación y que, cuando el Estado concentra sus recursos militares en territorios específicos, las bandas simplemente trasladan sus operaciones logísticas hacia zonas menos vigiladas.
Detrás de este nuevo mapa delictivo no se encuentra un aumento de la delincuencia común, sino una reconfiguración territorial estratégica. Según análisis de inteligencia civil y militar, las bandas buscan blindar y diversificar sus economías ilícitas, estableciendo nuevas rutas para el tráfico de cocaína, controlando la minería ilegal y expandiendo sus redes de contrabando y extorsión. En este contexto, se ha señalado a figuras como David Gabriel Macías Villamar, hermano menor de alias ‘Fito’, quien, a pesar de mantener un bajo perfil público, habría ejercido como presunto cabecilla delictivo en la región.
El coronel Mario Pazmiño, analista de seguridad y exdirector de Inteligencia del Ejército, advierte que, aunque la presión estatal puede fragmentar a los grupos criminales, esto no implica necesariamente que hayan sido desarticulados. Pazmiño sostiene que, si bien han disminuido los asesinatos focalizados bajo la modalidad de sicariato clásico, han proliferado los eventos de alto impacto. Las matanzas múltiples en espacios públicos y los ataques con niveles extremos de crueldad se están utilizando ahora como mecanismos de intimidación y demostración de poder frente a bandas rivales.
Desde una perspectiva estructural, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) ha insistido en que evaluar la seguridad basándose solo en números absolutos temporales es un error de diagnóstico. El organismo recuerda que Ecuador arrastra un incremento superior al 528% en homicidios en comparación con el año 2019. Además, el OECO ha detectado que las bandas han sofisticado sus métodos para burlar al Estado; por ejemplo, ante la implementación de toques de queda y patrullajes nocturnos, las organizaciones mutaron sus dinámicas para ejecutar crímenes en otros horarios del día.
Esta dispersión geográfica y la capacidad de adaptación de las mafias confirman que 2026 ya se posiciona como el segundo año más violento de la historia reciente del país, superado únicamente por el récord dejado en 2025. Mientras tanto, la lucha judicial continúa, como se evidencia en el procesamiento de dos personas presuntamente vinculadas al asesinato de dos secretarios de la Fiscalía de Manta, y en la operatividad policial en zonas críticas, donde agentes en el Centro de Rehabilitación Social de Jipijapa han logrado evitar atentados contra sus vidas.
