En la fachada de un restaurante de sushi, ubicado en un barrio coqueto de la ciudad de Buenos Aires, dos pequeños ejemplares de la especie carassius auratus, conocidos comúnmente como peces dorados, pasaban sus días confinados en una pequeña pecera rectangular. Expuestos directamente al sol y al constante ruido del tráfico urbano, Magui y Fede, como fueron identificados posteriormente, eran prácticamente invisibles para la mayoría de los transeúntes, quienes los percibían simplemente como una pieza más del decorado del establecimiento. Solo los niños que salían de las escuelas cercanas solían notar su presencia, acercándose para golpear el vidrio de su reducido habitáculo.
Sin embargo, la situación cambió cuando Matías Trufero, abogado de la organización no gubernamental Jaulas Vacías —un santuario antiespecista que brinda refugio a más de 200 animales rescatados—, se detuvo a observar la escena. Trufero fue el principal impulsor de un proceso legal destinado a cambiar el destino de los peces y evitar que siguieran siendo utilizados como meros ornamentos comerciales.
En declaraciones brindadas a CNN, Trufero señaló que cualquier persona que se detuviera a mirar con atención podía notar que el lugar no era el adecuado para la supervivencia y el bienestar de los animales. Ante esta evidencia, Jaulas Vacías procedió a presentar una denuncia ante la justicia argentina, basando sus argumentos en la violación de la ley 14.346, normativa que penaliza el maltrato animal en el país. Aunque CNN contactó al restaurante para obtener su versión de los hechos, el local no ha emitido respuesta hasta el momento, aunque Trufero mencionó que los responsables del establecimiento no opusieron objeciones cuando se decidió el traslado de los animales.
El proceso contó con el apoyo de especialistas, quienes ayudaron a armar el caso técnico. Gracias a esto, se logró obtener casi de inmediato una orden de allanamiento para retirar a los peces de la vidriera y trasladarlos a un entorno apropiado. Carlos José Aga, uno de los expertos que colaboró en el rescate y que posteriormente se ofreció como adoptante, describió la gravedad de la situación comparando el cautiverio de los peces en una vidriera con la acción de colocar a dos osos polares en una jaula dentro de un sauna.
El cambio de vida para Magui y Fede fue radical: pasaron de una pecera de tan solo 40 litros a un acuario de 2.500 litros en la residencia de Aga. El fallo judicial determinó que los ejemplares quedaran bajo el cuidado definitivo de este adoptante. Sobre la complejidad del traslado, Aga explicó que los peces son similares a los astronautas, ya que viajan en su propio ambiente donde se deben cuidar estrictamente todos los parámetros vitales; al llegar al destino, el nuevo entorno debe reproducir esas condiciones con exactitud para evitar desequilibrios que afecten su inmunidad. Actualmente, los peces se encuentran en buen estado, habiéndose identificado a la hembra por su mayor tamaño y color dorado naranja, y al macho por ser más pequeño y claro.
Más allá del rescate físico, el proceso legal buscaba un objetivo más profundo. Trufero explicó que, desde el inicio del expediente, se solicitó que Magui y Fede fueran declarados "sujetos de derecho" o "seres sintientes". Esta distinción legal es fundamental, ya que implica que los animales dejen de ser considerados "objetos" o "cosas" ante la ley para convertirse en seres con derechos propios. Este fallo sienta un precedente importante para otros animales similares que puedan encontrarse en condiciones indignas.
Respecto a la legalidad de tener peces en el hogar, Trufero aclaró que no está prohibido per se tener un pez en una pecera. Lo que la legislación argentina penaliza es mantenerlos en condiciones de maltrato o crueldad, como el espacio inadecuado o la alimentación deficiente. Asimismo, señaló que si se trata de especies exóticas, su tenencia podría estar prohibida según la ley de fauna local, normativa que se replica en diversos países.
Este caso se suma a una tendencia global de reconocimiento de derechos animales. Se recordó el primer habeas corpus para un animal no humano en 2005, presentado en favor de Suiza, una chimpancé en Brasil, quien lamentablemente falleció antes de llegar a un santuario. En Argentina, el caso más emblemático fue el de Sandra, una orangutana que vivió 20 años en el zoológico de Buenos Aires hasta que, en 2014, fue declarada "persona no humana" por una jueza, determinando que su exhibición violaba sus derechos. Esto contribuyó a que en 2016 el zoológico se transformara en ecoparque, permitiendo que Sandra fuera trasladada en 2019 al Center of Great Apes en Florida.
Trufero enfatizó que la importancia de declarar a los animales como sujetos de derecho radica en que, ante casos de crueldad, pueden ser considerados víctimas y no objetos, transformando la manera en que se define su futuro. El caso de Magui y Fede abre la puerta a la protección legal de especies muy comunes en hogares y negocios. Finalmente, Carlos José Aga reflexionó que un sujeto de derecho necesita de personas que hablen en nombre de quienes no pueden hacerlo para obligar al cumplimiento de la ley, añadiendo que los dos peces ya han comenzado a armar un nido en su nuevo hogar.
