El mercado laboral español presenta actualmente una dualidad marcada entre el sector privado y la Administración pública, tanto en lo que respecta a la estabilidad contractual como en las condiciones de compensación durante las bajas laborales. Esta situación ha quedado puesta de relieve recientemente a través de las declaraciones de líderes empresariales y políticos, generando un intenso debate sobre la gestión del empleo y el absentismo.
En primer lugar, la temporalidad en el sector privado ha experimentado una reducción significativa. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha destacado los resultados de la reforma laboral pactada en 2021 entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la eventualidad en el sector privado se sitúa ahora en el 11,9%. Esta cifra representa un descenso considerable frente a los picos registrados durante la burbuja inmobiliaria, cuando el 36% de los asalariados privados carecía de un contrato fijo, situando los niveles actuales en línea con los estándares europeos.
Sin embargo, este avance no se ha trasladado al sector público. En la Administración, el porcentaje de ocupados bajo contratos eventuales o de interinos alcanza el 26,8%, una cifra que duplica, con creces, la del sector privado. A pesar de que el Gobierno impulsó reformas en 2021 para combatir este problema, los resultados no han sido los esperados. Ante este escenario, el Ejecutivo ha iniciado una ronda de reuniones en Santander con el objetivo de coordinar nuevos cambios junto a las comunidades autónomas. Esta situación ha provocado que Garamendi utilice la frase "consejos vendo que para mí no tengo" para cuestionar la eficacia de las medidas gubernamentales en el ámbito público.
Paralelamente, el clima político se ha tensado debido a las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Durante un acto con empresarios vascos, Feijóo calificó el repunte de las bajas laborales como un "cáncer". El líder del PP criticó que la administración pública permita que un ciudadano se dé de baja y deje de trabajar sin una justificación adecuada mientras mantiene el mismo sueldo y las mismas prestaciones, afirmando que este tipo de absentismo no es sostenible.
Estas palabras han provocado una reacción inmediata de rechazo por parte de los sindicatos y los partidos que integran el Gobierno. Ante la controversia, el propio PP ha tenido que matizar el mensaje. Borja Sémper, portavoz del partido y quien superó recientemente un cáncer de páncreas, señaló que sería conveniente actuar con cautela al realizar ciertas comparaciones.
El núcleo de la disputa reside en la normativa de remuneración durante la incapacidad temporal (IT). Por ley, cualquier empleado en España deja de percibir su salario durante los tres primeros días de baja. Posteriormente, comienza a cobrar primero un 60% y luego un 75% de su remuneración a medida que se prolonga la ausencia. En el sector privado, el 85% de los trabajadores cubiertos por un convenio colectivo dispone de complementos salariales que amortiguan este recorte, generalmente a partir del tercer día.
No obstante, en el sector público es habitual percibir el salario íntegro desde el primer día de baja. Esta situación es el resultado de un proceso evolutivo: en 2012, durante la etapa de recortes en la Administración, se eliminó el complemento a la incapacidad temporal para reducir el gasto público, en un periodo donde también se recortaron pagas extraordinarias.
El cambio de rumbo ocurrió en 2018, bajo el gobierno de Mariano Rajoy y la gestión de Cristóbal Montoro en Función Pública. Se rubricó un acuerdo con los sindicatos que permitía a las comunidades autónomas recuperar dichos complementos según su criterio y sus finanzas. Todas las autonomías, independientemente de su signo político, implementaron esta medida. Entre ellas se encuentran la Junta de Andalucía (entonces presidida por la socialista Susana Díaz), la Generalitat de Catalunya (liderada por Quim Torra de Junts) y la Región de Murcia (bajo el mando de Fernando López Miras del PP). En este grupo se incluye también la Xunta de Galicia, que recuperó estos complementos en 2019 cuando estaba gobernada por el propio Alberto Núñez Feijóo.
Finalmente, el presidente del PP justificó su postura actual ante los empresarios vascos señalando que, si en los convenios de empresa se pacta que una persona cobre lo mismo cuando no va a trabajar que cuando sí lo hace, es comprensible que se produzcan estas situaciones.
