Venezuela enfrenta una emergencia sanitaria crítica tras los dos terremotos que azotaron su zona costera el mes pasado. Las cifras oficiales son alarmantes: el gobierno ha elevado la cifra de fallecidos a 3.811 personas, reportando además 16.740 heridos y 17.907 ciudadanos que han quedado sin hogar.
La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ha emitido una advertencia severa sobre los riesgos inmediatos. Jarbas Barbosa, director de la organización, señaló que, en las próximas semanas, el peligro no radica únicamente en las lesiones físicas causadas por los sismos, sino en las interrupciones de los servicios de salud, el hacinamiento en los refugios y la falta de acceso a agua potable y saneamiento. Asimismo, alertó sobre la reducción en la disponibilidad de vacunas y la atención médica de rutina.
Esta vulnerabilidad se ve intensificada por un sistema de salud que ya presentaba un deterioro significativo debido a años de crisis económica. Ciro Ugarte, director de emergencias sanitarias de la OPS, subrayó que el éxodo masivo de profesionales de la salud dejó al país en una situación difícil, obligando a centros médicos no especializados en traumatismos a adaptarse para atender las emergencias.
Aunque la asistencia internacional, el personal de otras regiones y la instalación de hospitales de campaña han logrado mejorar la atención, la gestión oficial es blanco de fuertes críticas. Mientras Delcy Rodríguez defiende la actuación del gobierno, se denuncia que fueron los civiles, voluntarios y equipos de rescate internacionales quienes lideraron la mayoría de las operaciones de salvamento y recuperación.
La prioridad ahora es mitigar los riesgos sanitarios en una población ya fragilizada por la crisis y el desastre natural.
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