El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, se encuentra en el centro de una nueva controversia mediática y política a medida que se acerca el fin de su mandato. A tan solo un mes de dejar el poder, el Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre) ha generado un fuerte ruido en las redes sociales y en los sectores de oposición tras la emisión de una resolución que modifica la jornada laboral administrativa para fines específicos de contratación.
El foco de la controversia es la Resolución 478 del 6 de julio de 2026, suscrita por la directora del Dapre, Nhora Yhanet Mondragón. A través de este documento oficial, la funcionaria declaró como días hábiles diversos fines de semana y días festivos comprendidos hasta el 7 de agosto. Esta medida ha sido interpretada por diversos sectores críticos como un intento apresurado por cerrar procesos contractuales antes de que termine la administración actual.
De manera detallada, la resolución establece que los días 11, 12, 18, 19, 20, 25 y 26 de julio, así como el 1 y 2 de agosto, serán considerados días hábiles. El objetivo explícito de esta declaratoria es permitir que el Departamento Administrativo de la Presidencia pueda adelantar trámites precontractuales y contractuales en todos los procesos de selección, además de ejecutar actuaciones administrativas y presupuestales.
Para evitar cuestionamientos sobre el gasto público en materia de nómina, la resolución aclara que esta medida no conlleva el reconocimiento de pagos adicionales ni el pago de horas extras para ningún servidor público. El documento especifica que la habilitación de estos días tiene como único propósito el cómputo de los términos legales dentro de los procesos de selección y la ejecución de las actividades administrativas y presupuestales mencionadas. Asimismo, se enfatizó que la resolución rige exclusivamente para que el Dapre desarrolle los procedimientos y actividades relacionadas con la contratación estatal en todas sus etapas, basándose en una contingencia expuesta en el texto.
Esta decisión ha provocado una reacción inmediata y severa por parte de los opositores al Gobierno de Gustavo Petro. El argumento principal de los críticos es que la administración contó con un periodo de cuatro años para organizar y adelantar sus procesos contractuales, por lo que resulta sorprendente que, en la recta final del mandato, se opte por convertir sábados, domingos y festivos en días laborales para avanzar en contrataciones. Existe una preocupación latente entre estos sectores sobre la posibilidad de que se estén comprometiendo recursos financieros que afectarían el mandato de Abelardo De La Espriella.
Entre las voces más críticas se encuentra la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien calificó la resolución como "escandalosa". La congresista subrayó que se declararon hábiles días que incluyen el día de la Independencia, exclusivamente para trámites contractuales. Cabal cuestionó públicamente la urgencia de estos procesos, preguntando qué contratos son tan urgentes que no pueden esperar 30 días al gobierno electo. Ante esta situación, la senadora instó a la Contraloría General de la República a activar un control concomitante de manera inmediata, señalando que el Gobierno no trabajó fines de semana ni festivos en beneficio de los colombianos, pero ahora lo hace para entregar contratos.
En la misma línea, Víctor Muñoz, exdirector del Dapre, manifestó su extrañeza a través de sus redes sociales. Muñoz contrastó la actividad del presidente Gustavo Petro en las redes sociales con la decisión administrativa del Dapre de declarar los sábados como días hábiles, cuestionando si dicha medida responde estrictamente a tiempos contractuales.
Por su parte, la exconcejal de Bogotá, Gloria Díaz, expresó su indignación señalando que es inadmisible que, a menos de un mes de finalizar la Presidencia, se acelere la contratación de esta manera. Díaz cuestionó la falta de urgencia durante los cuatro años de gobierno para cumplir con el país, contrastándola con el afán actual por firmar contratos. La exfuncionaria afirmó que los colombianos tienen el derecho de conocer qué compromisos están quedando "amarrados" antes de la transición de poder, recordando que el Dapre ha sido señalado anteriormente por temas de corrupción y sugiriendo que se busca aprovechar el poder hasta el último momento.
En medio de este clima de cuestionamientos, se ha revelado que el Dapre avanza en la contratación de dos retratos oficiales del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Este contrato tiene un valor de 120 millones de pesos y las imágenes resultantes serán exhibidas en el pasillo de los exmandatarios ubicado en la Casa de Nariño.
