El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, confirmó este fin de semana que los 29 privados de libertad considerados de alto perfil, quienes fueron trasladados recientemente a una celda de máxima seguridad en la isla Coiba, han decidido suspender la huelga de hambre que habían iniciado el pasado lunes. Esta noticia pone fin a una medida de protesta llevada a cabo por los reclusos tras su reubicación en el centro penitenciario.
De acuerdo con las declaraciones del jefe de la cartera de Seguridad, los internos se encuentran actualmente bajo un severo régimen de custodia. La vigilancia de estos individuos está a cargo de unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), quienes operan dentro de una instalación específicamente diseñada para mantener un control estricto sobre aquellos reclusos que son catalogados como personas de alta peligrosidad. La ubicación y la infraestructura de la celda de máxima seguridad en Coiba responden a la necesidad de aislar a estos perfiles para garantizar el orden y la seguridad.
Respecto a la motivación detrás de este despliegue, el ministro Ábrego detalló que el traslado de los 29 prisioneros no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia integral del Gobierno. El objetivo central de esta medida es cortar definitivamente las operaciones que las organizaciones criminales intentan coordinar desde el interior de las cárceles. Según las autoridades, es fundamental evitar que los líderes o miembros operativos de estas estructuras continúen gestionando hechos de violencia que afectan la seguridad ciudadana en el resto del territorio nacional.
En un tono enfático, el ministro Ábrego subrayó la importancia social de esta decisión, señalando que el propósito fundamental es evitar que la sangre siga corriendo en las calles panameñas. El funcionario manifestó que la intención del Gobierno es impedir que más familias del país tengan que vestir de luto a causa de las acciones del crimen organizado, vinculando directamente la seguridad intramuros con la reducción de la violencia en el exterior.
Para lograr este aislamiento operativo, el funcionario explicó que el régimen penitenciario aplicado en la isla Coiba establece controles rigurosos sobre todas las comunicaciones de los internos. El Gobierno ha implementado una política de restricciones estrictas para asegurar que el centro de reclusión no se convierta en un centro de mando para actividades delictivas. En este sentido, el ministro indicó que los privados de libertad únicamente están autorizados a mantener contacto con sus abogados y con las autoridades competentes.
Este marco normativo busca restringir cualquier tipo de comunicación que, según las normas aplicables, pudiera facilitar la creación o el mantenimiento de vínculos con integrantes de pandillas u otras estructuras criminales externas. La administración penitenciaria sostiene que el control de la información y el contacto es la herramienta más eficaz para desarticular la capacidad de mando de los reclusos de alto perfil.
Las autoridades de seguridad sostienen que el conjunto de estas medidas —el traslado a una zona remota, la custodia especializada del SENAN y la limitación de comunicaciones— tiene como fin último debilitar la capacidad de operación de las redes delictivas. Desde la perspectiva de los organismos de seguridad, estas estructuras criminales continúan representando una amenaza real y constante para la tranquilidad de la población panameña, lo que justifica la severidad del régimen aplicado.
En las últimas semanas, la celda de máxima seguridad de Coiba ha cobrado un protagonismo significativo en la agenda pública. El traslado de los 29 privados de libertad ha generado un amplio interés ciudadano debido a las implicaciones que tiene para la estrategia nacional de lucha contra el crimen organizado. La decisión gubernamental refleja un enfoque basado en el aislamiento y el control riguroso para neutralizar el impacto de las organizaciones criminales desde sus cúpulas encarceladas.
