La defensa jurídica del senador independiente Miguel Ángel Calisto ha presentado un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, con el objetivo fundamental de revocar el cierre de la investigación penal que pesa sobre el parlamentario. Esta acción legal surge como respuesta a la decisión dictada por el Juzgado de Garantía, la cual fue solicitada originalmente por la Fiscalía Regional de Aysén para dar término a las indagatorias en curso.
A través de este recurso, los abogados del senador denuncian que el Ministerio Público habría actuado de manera irregular al interrumpir el proceso penal. Según el argumento presentado ante la Corte, esta interrupción se habría producido de forma ilegal mientras los plazos judiciales aún se encontraban vigentes. La defensa sostiene que el organismo persecutor no solo apresuró el cierre, sino que además ocultó diligencias clave que eran esenciales para el esclarecimiento de los hechos, lo que representaría una vulneración directa al derecho a la defensa, una garantía fundamental resguardada por la Constitución.
Uno de los puntos más críticos detallados en el escrito legal se refiere a la conducta de los coimputados en la causa, Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo. La defensa del senador Calisto afirma que ambos individuos mantuvieron una versión coherente de los hechos durante un periodo de cinco años. Sin embargo, este relato habría sufrido un giro drástico y sustancial una vez que pasaron a estar representados por la Defensoría Penal Pública.
El documento legal pone especial énfasis en los testimonios rendidos el 29 de abril de 2026. De acuerdo con el texto, estas declaraciones contenían un cambio radical en la versión de los hechos que habían sostenido previamente. La relevancia de este giro testimonial se evidencia en las consecuencias inmediatas para uno de los involucrados: Roland Cárcamo logró salir de prisión preventiva al día siguiente de estas declaraciones. Cabe destacar que dicha libertad se produjo en el marco de una causa paralela relacionada con el Gobierno Regional de Aysén, la cual había sido objeto de un allanamiento por parte de la Fiscalía.
La defensa del senador Calisto sostiene que los persecutores aprovecharon este repentino cambio de versión de los coimputados para formular una acusación inmediata contra el parlamentario. Para el equipo legal de Calisto, este proceder constituye una "flagrante e ilegal restricción de derechos fundamentales", ya que se habría utilizado un vuelco testimonial imprevisto para cerrar la etapa investigativa y avanzar hacia la acusación sin permitir que la defensa pudiera analizar o contrarrestar estos nuevos elementos.
Ante este escenario, la solicitud formal realizada al tribunal de apelaciones es que se deje sin efecto la clausura de la investigación. El equipo jurídico pide que se fije un plazo razonable para ejecutar todas aquellas diligencias que aún se encuentran pendientes. El objetivo de esta petición es asegurar que se respete el debido proceso y que el senador pueda ejercer plenamente su derecho a defenderse basándose en una investigación completa y transparente, donde no se omitan actuaciones procesales relevantes.
Para dar contexto a la situación jurídica, el senador Miguel Ángel Calisto es investigado por la Fiscalía Regional de Aysén por un eventual fraude millonario al Fisco. Esta causa se centra específicamente en el análisis de los pagos realizados a sus asesores, donde se presume que se habrían cometido irregularidades financieras que habrían afectado el erario público.
En resumen, el conflicto legal ahora se traslada a la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que deberá determinar si existieron irregularidades en el cierre de la investigación y si el actuar del Ministerio Público vulneró las garantías constitucionales del senador, especialmente en relación con la gestión de los testimonios de los coimputados y el respeto a los plazos judiciales vigentes.
