La estrategia de seguridad actual en Costa Rica plantea un dilema fundamental sobre la eficacia de las políticas estatales para combatir la delincuencia. En un escenario donde el debate público se ha centrado predominantemente en la implementación de medidas de "mano dura" y el fortalecimiento del sistema penitenciario, surge una advertencia crítica: apostar exclusivamente a la represión, mientras se descuida la prevención, podría resultar en un esfuerzo desperdiciado, similar a la antigua analogía de intentar echar agua en un canasto.
Es fundamental reconocer que la represión no es innecesaria. La existencia de cuerpos policiales, fiscales, jueces y centros carcelarios es indispensable para garantizar la convivencia social. Sin embargo, el problema radica en que, cuando la política de seguridad del Estado comienza y termina en el ámbito penal, los resultados tienden a ser insuficientes. La historia y la experiencia internacional respaldan esta premisa, demostrando que no existe país alguno que haya logrado construir suficientes cárceles para compensar el abandono de las medidas preventivas.
Casos como los de Estados Unidos y Brasil son ejemplos claros de esta dinámica. Ambos países figuran entre aquellos con las tasas de encarcelamiento más altas del continente americano; no obstante, ninguno de los dos ha encontrado en la expansión del sistema carcelario la solución definitiva a la criminalidad. La razón es estructural: mientras que la cárcel tiene la capacidad de contener a quien ya ha cometido un delito, carece de la facultad de evitar que dicho delito ocurra en primer lugar. Esa capacidad reside únicamente en la prevención.
La evidencia en diversos países indica que invertir en educación, en el fortalecimiento de las comunidades y en el acompañamiento de jóvenes que se encuentran en situaciones de riesgo es una estrategia mucho más eficaz y, además, menos costosa que intentar gestionar las consecuencias del delito durante décadas a través del sistema penitenciario.
A pesar de estas evidencias, Costa Rica parece estar recorriendo el camino inverso. Mientras la conversación pública se vuelca hacia los uniformes penitenciarios y la severidad de las penas, los indicadores de inversión social muestran una tendencia preocupante. La inversión en protección social ha alcanzado su nivel más bajo desde el año 2015, lo que debilita las herramientas diseñadas para reducir el flujo de personas hacia la delincuencia.
A esto se suma la situación de la educación, cuya inversión continúa estando lejos del 8% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra establecida explícitamente por la Constitución. Esta brecha presupuestaria sugiere que el Estado está renunciando a las herramientas preventivas, para luego sorprenderse cuando la capacidad de las cárceles resulta insuficiente.
Es un error conceptual pensar que la prevención y la represión son políticas que compiten entre sí. En realidad, son momentos distintos y complementarios de una misma política de seguridad integral. La represión cumple la función de proteger a la sociedad de quien ya ha tomado la decisión de delinquir, mientras que la prevención protege a la sociedad evitando que esa decisión llegue a tomarse. Solo la prevención tiene la capacidad real de reducir, a largo plazo, la cantidad de víctimas, de delincuentes y de personas privadas de libertad.
En última instancia, la discusión no debería centrarse en cuántas cárceles más es necesario construir, sino en qué proyecto de nación se está financiando. Los presupuestos públicos cuentan una historia clara sobre el futuro que un país espera construir. Cuando se reduce la inversión en áreas críticas como la educación, la vivienda, la salud mental, la cultura, el deporte y las oportunidades para la juventud, el mensaje es desolador: el Estado está aprendiendo a administrar el delito, pero ha dejado de prevenirlo.
Cuando el principal mensaje que el Estado transmite a la juventud consiste en advertirles sobre el destino carcelario que les espera si delinquen, en lugar de mostrarles el potencial de lo que pueden llegar a ser, se está renunciando no solo a la prevención del crimen, sino a la capacidad de imaginar un futuro en el que los jóvenes quieran vivir y prosperar. Las cárceles siempre serán necesarias, pero nunca serán suficientes.
