El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó un fallo que impacta significativamente en el avance de la causa $LIBRA, la investigación que indaga el lanzamiento de una moneda digital promovida en redes sociales por el presidente Javier Milei, la cual sufrió un colapso y terminó bajo sospechas de estafa. A través de esta resolución, el magistrado decidió apartar a dos grupos de querellas que representaban a presuntos damnificados, debilitando así la estructura de la acusación en el expediente.
Hasta el momento, estas querellas habían desempeñado un papel activo y fundamental en el impulso de la investigación, trabajando en paralelo con el fiscal del caso, Eduardo Taiano. Los querellantes no solo habían sido críticos con el accionar del fiscal, sino que también habían logrado hitos procesales relevantes, como la implementación de un embargo preventivo sobre los bienes de Hayden Davis, creador del activo, y de los intermediarios locales involucrados en la maniobra.
Con la decisión de Martínez de Giorgi, los damnificados pierden la capacidad de promover medidas de prueba, insistir en citaciones a indagatoria, apelar decisiones judiciales o incidir de manera directa en el rumbo de la investigación. No obstante, el fallo va más allá de una cuestión procesal; el juez parece haber avanzado sobre el fondo del asunto al cuestionar si las pérdidas económicas sufridas por los inversores fueron realmente el resultado de una estafa.
La resolución fue el resultado de un planteo presentado por Mauricio Novelli, un lobista identificado como figura clave en la trama. Novelli solicitó el desplazamiento de las querellas argumentando que quienes perdieron dinero no fueron víctimas de un fraude, sino de la volatilidad y los vaivenes inherentes al mercado de las criptomonedas. El juez hizo lugar a este pedido, sosteniendo que el hecho de que ciertos inversores hayan experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA no permite concluir, por sí solo, que exista el perjuicio directo exigido por la ley.
Además, Martínez de Giorgi entró en tensión con un criterio previo de la Cámara Federal al afirmar que no estaba plenamente acreditada la titularidad de las billeteras virtuales utilizadas por los cinco querellantes desplazados, ni el origen de los fondos empleados para la compra de la moneda.
El rol de Mauricio Novelli es central en el expediente. Según las pruebas recabadas, fue él quien vinculó al presidente Milei con Hayden Davis. Las constancias judiciales indican que Novelli se encontraba en Estados Unidos con Davis y mantenía comunicación telefónica con Milei en el preciso momento en que el mandatario tuiteó sobre el lanzamiento del activo. Asimismo, la reconstrucción judicial señaló que Novelli, junto a su madre y su hermana, fue visto cargando bolsos en una sucursal del banco Galicia días antes del nacimiento de la moneda, y regresaron al mismo lugar el primer día hábil posterior al colapso del activo para vaciar sus cajas de seguridad. A esto se suma la detección de que Novelli y su socio, Manuel Terrones Godoy, recibieron más de 600.000 dólares digitales por parte de Davis.
En su resolución, el juez también descartó que otras líneas investigativas, como los presuntos pagos a la secretaria presidencial Karina Milei para gestionar reuniones con el presidente, habiliten la intervención de los inversores como querellantes.
Ante este escenario, los abogados de las querellas —entre los que se encuentran Nicolás Oszust, Nicolas Rechanik, Camila Palacin y el dirigente Juan Grabois— han manifestado que apelarán la decisión. El experto en criptoactivos Martín Romeo, quien se constituyó como querellante al inicio de la causa, sostuvo que la defensa de Novelli busca un "sobreseimiento anticipado" y rechazó que se trate de una simple inversión fallida, calificando la hipótesis investigada como una compleja maniobra de fraude.
El caso ha estado marcado por giros judiciales y políticos. Originalmente tramitaba ante la jueza María Servini y la Sala II de la Cámara Federal, que había admitido a los querellantes reconociendo su condición de damnificados. Tras la declaración de incompetencia de Servini, la causa pasó a Martínez de Giorgi y la intervención pasó a la Sala I, cuya conformación se encuentra actualmente en un proceso de cambios promovidos por el Gobierno.
En este contexto, la figura de Martínez de Giorgi ha sido observada debido a que el presidente Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, nombraron como jueza de Hurlingham a Ana Juan, esposa del magistrado. Este movimiento fue interpretado por diversos sectores como un gesto hacia el juez que lleva adelante una causa de alta sensibilidad para el oficialismo.
Finalmente, un detalle técnico podría resultar crucial: mientras que el juez Martínez de Giorgi define a $LIBRA como una "memecoin" (monedas volátiles basadas en tendencias), el presidente Milei, en su tuit del 14 de febrero de 2025, la describió como un "proyecto privado que se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos".
