Chile se encuentra conmocionado tras un trágico suceso ocurrido el pasado 24 de junio en la comuna de San Bernardo, ubicada en Santiago. Un niño de tan solo 12 años perdió la vida luego de que él, su padre y su tía fueran víctimas de una "encerrona", un asalto violento en el que fueron interceptados mientras regresaban a su hogar.
De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, la familia fue abordada por una banda criminal compuesta por al menos cinco personas. Durante el atraco, los delincuentes procedieron a robar el vehículo en el que se trasladaban las víctimas. Sin embargo, el desenlace tomó un giro devastador cuando el menor, que viajaba en la parte trasera del automóvil, quedó atrapado por el cinturón de seguridad. Como consecuencia, el niño fue arrastrado por el pavimento durante varios kilómetros mientras los asaltantes huían con el vehículo, provocándole lesiones fatales.
Tras un despliegue policial intensivo, las autoridades chilenas lograron dar con el paradero de los responsables, procediendo a la detención de seis personas vinculadas directamente con este caso. El grupo de detenidos está compuesto por personas de diversas edades: dos jóvenes de 17 años, dos de 18 años, uno de 21 años y un adulto de 23 años.
El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, se refirió a los detenidos durante una rueda de prensa realizada el mismo martes del suceso. Araya fue enfático al asegurar que los implicados ya contaban con antecedentes penales previos. En sus declaraciones, el General manifestó su indignación, señalando que estos delincuentes, independientemente de si son llamados adolescentes o niños, no merecen estar en las calles debido al inmenso dolor que provocan con sus acciones.
Por su parte, la fiscal regional occidente subrogante, Paulina Díaz, detalló que los miembros de la banda han sido acusados formalmente de delitos extremadamente graves: robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación. La fiscal explicó que la gravedad de la amenaza y la violencia del acto impidieron que el menor pudiera escapar del vehículo. Al quedar atrapado por el cinturón de seguridad, sufrió las lesiones que posteriormente le causaron la muerte.
En cuanto a las repercusiones legales, la fiscal Díaz fue clara sobre las pretensiones del Ministerio Público. Para los imputados adultos, se buscará la pena máxima establecida en el sistema judicial, que es el presidio perpetuo calificado, considerando que se trata de uno de los delitos más graves. En el caso de los imputados menores de edad, la fiscalía solicitará el máximo permitido por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que en este caso asciende a diez años de cárcel, dada la gravedad del crimen.
El tribunal correspondiente ha fijado un plazo de 120 días para llevar a cabo la investigación. Asimismo, se ha decretado la prisión preventiva para los adultos y la internación provisoria para los menores de edad involucrados.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, quien asumió el poder en marzo de este año, expresó su pesar ante la tragedia. Kast calificó el hecho como "dramático" y reconoció que, aunque se ha trabajado arduamente contra la delincuencia y existen mejoras estadísticas, ninguna cifra puede compensar el sufrimiento de una familia. El mandatario destacó el trabajo del Ministerio Público y de Carabineros para lograr la captura de los implicados, manifestando su esperanza de que sean juzgados y, de comprobarse su culpabilidad, sean condenados a prisión por el resto de sus vidas.
Este crimen ocurre en un contexto donde recuperar el orden y la seguridad fueron promesas centrales de la campaña de Kast. Según un informe emitido el 14 de mayo por la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante el primer trimestre de 2026 hubo una disminución del 13% en los robos violentos a nivel nacional. El Gobierno ha resaltado específicamente las caídas del 16,9% en robos con violencia e intimidación y del 18,3% en el robo violento de vehículos.
A pesar de estas cifras descendentes, la brutalidad del crimen en San Bernardo ha reavivado las demandas sociales por mayor seguridad y pone a prueba la capacidad de respuesta y las políticas implementadas por el Gobierno de José Antonio Kast.
