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El juez Pedraz requiere al PSOE que identifique quién contrató al abogado Jacobo Teijelo

Pedraz ha acordado requerir al PSOE para que identifique a la persona que suscribió un contrato de asesoramiento con el abogado de Cerdán.

Audionoticia

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El juez Pedraz requiere al PSOE que identifique quién contrató al abogado Jacobo Teijelo
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El juez Santiago Pedraz ha exigido al PSOE que identifique formalmente a la persona que contrató al abogado Jacobo Teijelo, quien recibió pagos por 125.000 euros mientras prestaba asesoría al partido y defendía a Santos Cerdán. La investigación busca esclarecer la legalidad de este vínculo profesional y el papel de la gerente del partido, Ana María Fuentes, en la firma de las facturas. La causa se amplía con la citación como imputados de la directora general y el director adjunto operativo de la Guardia Civil. Además, el magistrado incorpora al proceso la investigación sobre la nacionalidad española de un exviceministro venezolano y las declaraciones de Carmen Pano sobre la entrega de 90.000 euros en la sede de Ferraz y un presunto intento de soborno.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, ha acordado requerir formalmente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para que identifique a la persona responsable de suscribir un contrato de asesoramiento jurídico con el letrado Jacobo Teijelo. Este abogado, quien se encuentra investigado en la causa, asistió posteriormente como defensor a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido y persona imputada en el denominado caso Koldo.

En el requerimiento enviado a la formación socialista, el magistrado Pedraz solicita concretamente que el partido indique no solo la identidad de la persona que firmó dicho contrato, sino también el cargo que ostentaba en aquel momento y el título habilitante o el acuerdo específico en virtud del cual actuó para formalizar el vínculo profesional con el abogado. Para garantizar la legalidad del proceso, el juez ha advertido que esta diligencia debe ser cumplimentada a través de una persona designada con poder de representación del partido, quien deberá ser informada sobre el derecho que asiste a la persona jurídica de no facilitar información o documentación que pueda resultar incriminatoria.

Esta decisión judicial surge tras las declaraciones prestadas la semana pasada por Jacobo Teijelo, quien afirmó haber desempeñado funciones de asesor jurídico para el PSOE durante el periodo comprendido entre octubre de 2024 y junio de 2025. Durante su declaración como imputado el pasado 25 de junio, el letrado se amparó en el secreto profesional para evitar profundizar en los detalles de los encargos realizados por el partido. No obstante, Teijelo señaló de manera genérica que sus labores consistieron en la elaboración de análisis de perspectiva de ciertos procedimientos, trabajos por los cuales se emitieron tres facturas que sumaban un total de 125.000 euros.

En relación con su vínculo con el PSOE, el abogado explicó que, al comenzar a encargarse de la defensa jurídica de Santos Cerdán, el partido le devolvió dos de esas facturas, cuyo importe ascendía a 50.000 euros. Según Teijelo, la devolución se produjo porque el partido consideró que existía una incompatibilidad al estar ejerciendo la defensa del exsecretario de Organización, quien ya no formaba parte de la organización. Es relevante destacar que las facturas estaban firmadas por la gerente del partido, Ana María Fuentes, quien también se encuentra investigada en esta causa, aunque el abogado aseguró que no la conocía personalmente.

Según los datos que se desprenden del sumario de la causa, el abogado fue designado originalmente por Leire Díez, exmilitante socialista y responsable de las actividades del área de hidrocarburos. Se presume que fue por esta labor específica por la cual el PSOE habría realizado los pagos al letrado.

Paralelamente, en la misma providencia dictada este jueves, el juez Pedraz ha citado como imputados para el próximo día 16 a dos figuras relevantes de la seguridad estatal: Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, y Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO) del mismo cuerpo.

Asimismo, el magistrado ha decidido integrar en la causa la documentación recabada de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, dependiente del Ministerio de Justicia. Dichos documentos se refieren al expediente de nacionalidad del exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos. Pedraz ha remitido una copia de este expediente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el objetivo de avanzar en las pesquisas sobre cómo se otorgó la nacionalidad española a esta persona.

Finalmente, el juez ha acordado incorporar al proceso las declaraciones prestadas en febrero de 2025 por la empresaria Carmen Pano. La mujer es conocida por haber asegurado que trasladó 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz, en el marco del caso de fraude de hidrocarburos que involucra al comisionista Víctor de Aldama. Carmen Pano declaró este lunes como investigada sobre un presunto intento de soborno llevado a cabo por la abogada Leticia de la Hoz, defensora del exasesor ministerial Koldo García, con el fin de que Pano se desdijera de sus afirmaciones sobre la entrega de dinero en la sede socialista.

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