Una semana después de los catastróficos terremotos en Venezuela, la tragedia se mide ahora en una profunda disputa de cifras.
El Gobierno de Delcy Rodríguez reporta oficialmente 2.295 fallecidos y más de 11.000 heridos. Sin embargo, estos números generan serias dudas. El Servicio Geológico de Estados Unidos proyectó inicialmente un piso de 10.000 víctimas fatales, y la ONU advierte que el número crecerá considerablemente tras el colapso de al menos 2.500 edificios. De hecho, el coordinador humanitario de la ONU confirmó la adquisición de 10.000 bolsas para cadáveres en acuerdo con las autoridades.
El gran interrogante sigue siendo el número de desaparecidos, una cifra ausente en los partes diarios oficiales. Según cálculos derivados de declaraciones de Jorge Rodríguez, cerca de 10.000 personas faltarían por contabilizar solo en las zonas más afectadas de La Guaira. No obstante, estimaciones del Comité Internacional de Rescate y la OCHA sugieren que los desaparecidos podrían acercarse a los 50.000.
La ONG Provea ha denunciado una opacidad alarmante en la respuesta estatal. El sociólogo Rafael Uzcátegui sugiere que el control de la información podría responder a un intento de gestionar la responsabilidad política y evitar que la tragedia deslegitime aún más al gobierno encargado.
A esta crisis se suman reportes de agentes de seguridad sustrayendo pertenencias entre los escombros y el hostigamiento a periodistas. El Ministerio de Comunicación suspendió el acceso de corresponsales a La Guaira alegando razones sanitarias.
A pesar de la falta de transparencia y la crisis institucional, la población ha respondido con solidaridad: hasta el martes, más de 15.000 voluntarios se han registrado para apoyar las labores de rescate y ayuda humanitaria.
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