Tres meses han pasado desde que la tierra tembló en el oeste de Colombia, y el sentimiento de abandono es ahora tan profundo como las grietas que dejó el sismo. El 10 de agosto de 2026, un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió la región, provocando una tragedia que cobró la vida de 330 personas y dejó más de 30 mil viviendas completamente destruidas.
A casi noventa días del desastre, la realidad para los sobrevivientes es desoladora. Miles de damnificados denuncian que siguen esperando la ayuda que fue prometida en los primeros días de la emergencia. La precariedad es la norma: cientos de personas continúan durmiendo en carpas, expuestas a las condiciones climáticas, mientras que otros permanecen en estructuras dañadas con el temor constante a que sus casas se les caigan encima en cualquier momento.
Pero la crisis no es solo humanitaria, sino también administrativa y financiera. Ricardo Peñuela, el secretario de Gestión del Riesgo de la ciudad de Cali, una de las urbes más afectadas por el evento, ha lanzado una alerta grave. En declaraciones brindadas a RFI, Peñuela denunció que existen decenas de millones de euros en donaciones destinadas a la reconstrucción que no aparecen por ningún lado.
Este vacío financiero contrasta drásticamente con la urgencia de quienes lo perdieron todo. Mientras los fondos parecen haberse evaporado, las familias damnificadas siguen atrapadas en la incertidumbre, esperando que el Estado cumpla sus promesas y que los recursos lleguen finalmente a quienes más lo necesitan para salir de la precariedad.
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