La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, ha lanzado un llamado directo y urgente a la presidenta electa, Keiko Fujimori, solicitándole la derogación de las normativas calificadas como "procrimen" que han sido aprobadas por el Congreso de la República. El punto central de esta demanda es la Ley 32326, la cual, según la magistrada, representa un obstáculo crítico para la recuperación de dinero y propiedades obtenidas mediante actividades ilícitas en el país.
En su declaración, la titular del Poder Judicial advirtió que dicha norma debilita la lucha contra la delincuencia y pone trabas significativas al sistema de justicia. Tello Gilardi enfatizó que tiene el deber ético e institucional de manifestarse con firmeza técnica ante lo que denominó como "contrarreformas legislativas". Respecto a la Ley 32326, señaló que esta modificación normativa, lejos de proporcionar al Estado mejores herramientas para combatir los activos criminales, constituye un retroceso estructural que afecta el núcleo del sistema de recuperación de activos.
Uno de los puntos más críticos señalados por la jueza es que la ley ahora obliga a los magistrados a esperar una condena penal firme antes de proceder con la retención de bienes ilícitos pertenecientes a sospechosos. Esta condición afecta directamente el mecanismo de extinción de dominio, herramienta fundamental para incautar el patrimonio de las mafias. Tello explicó que condicionar este proceso a juicios penales, que a menudo pueden prolongarse de manera indefinida, implica un retroceso considerable para el Poder Judicial.
Asimismo, la magistrada subrayó que la exigencia de una sentencia penal previa contraviene los tratados internacionales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Para Tello Gilardi, este no es un debate meramente teórico, sino una situación con consecuencias tangibles, afirmando que la ley ya ha causado un daño económico real al país durante el año pasado.
La presidenta del Poder Judicial detalló que, debido a estas modificaciones que truncan la celeridad de los procesos, se ha visto disminuida la eficacia en la desarticulación financiera del crimen organizado. Esta afectación en la extinción de fortunas ilícitas tiene un impacto financiero cuantificable, estimándose que la pérdida para el Estado podría rondar los 50 millones de dólares para el año 2025.
Ante este panorama, Tello Gilardi instó a la próxima mandataria a intervenir inmediatamente al asumir el gobierno, advirtiendo que condicionar los procesos penales solo beneficia a las redes criminales. Según la magistrada, las modificaciones a la ley de extinción de dominio favorecen la impunidad económica, ya que otorgan una "tregua temporal" que permite a los testaferros licuar, transferir y ocultar el dinero mal habido antes de que el Estado pueda actuar.
Frente a estas trabas, la titular del Poder Judicial anunció que su institución no permanecerá silente. Tello informó que se encuentran evaluando el uso de mecanismos constitucionales, en coordinación con otras instituciones defensoras de la legalidad democrática, para preservar la integridad, la autonomía y la eficacia del ordenamiento jurídico peruano.
A pesar de las dificultades impuestas por las nuevas leyes, Tello destacó que el subsistema de extinción de dominio ha logrado resultados significativos, recuperando más de 215 millones de dólares (más de 735 millones de soles). Estos activos, que incluyen dinero líquido, bienes muebles e inmuebles de gran valor, eran anteriormente utilizados para financiar actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción. La magistrada resaltó que estos recursos ahora son reconvertidos en beneficio del Estado para financiar la construcción de escuelas, hospitales, infraestructura y herramientas de seguridad ciudadana.
Complementando esta postura, el juez supremo Manuel Luján Túpez, coordinador nacional del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, destacó que el Perú se ha posicionado como un referente mundial en la recuperación de bienes ilícitos. Luján Túpez agradeció el respaldo de los expresidentes del Poder Judicial y reconoció el apoyo de Janet Tello para consolidar la creación de 24 juzgados especializados en todo el territorio nacional, con planes de expandir su presencia a zonas críticas, como Pataz, en La Libertad.
