Tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, que posicionó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, como la virtual presidenta del Perú, han surgido fuertes cuestionamientos sobre la validez del proceso. En declaraciones brindadas al medio Exitosa, el vocero de la organización política Juntos por el Perú, Walter Ayala, manifestó que la próxima administración de Fujimori carecerá de legitimidad.
El señor Ayala, quien además es abogado y se ha desempeñado como exministro de Defensa, fundamentó su postura en presuntas irregularidades relacionadas con el voto de los ciudadanos peruanos residentes en el exterior. Según el vocero, el proceso de sufragio para los peruanos fuera del país se llevó a cabo bajo el amparo de una ley que, a su juicio, contraviene lo establecido en la Constitución Política del Perú.
En sus declaraciones, Ayala fue enfático al señalar que el marco legal utilizado para el voto en el extranjero es nulo. El abogado argumentó que dicha normativa viola no solo la Constitución, sino también principios fundamentales como la transparencia, la intangibilidad normativa y la cadena de custodia de los procesos electorales. De acuerdo con su análisis, estas fallas normativas afectan la integridad de los resultados y, por ende, la legitimidad de quien resulte electa.
El vocero de Juntos por el Perú advirtió que las consecuencias de este escenario serán negativas para el clima social del país. Según Ayala, la falta de legitimidad en el origen del mandato presidencial provocará, lamentablemente, un aumento en la polarización política y social, asegurando que el gobierno de Keiko Fujimori sea percibido como ilegítimo desde su inicio.
En este contexto, Walter Ayala cuestionó la percepción pública que posiciona a Keiko Fujimori como "la salvadora" de la nación o como un "ejemplo de lo que es ganar y perder". El exministro de Defensa criticó duramente la trayectoria política de la lideresa de Fuerza Popular, señalando que, durante más de 15 años, ella y su agrupación habrían perjudicado al país, resaltando que en el pasado contaron con una representación considerable de más de 73 congresistas.
Asimismo, Ayala informó que la agrupación Juntos por el Perú, junto con Roberto Sánchez, han tomado la determinación de no reconocer a Keiko Fujimori como presidenta. Esta decisión busca evitar, según la visión del vocero, que el país caiga en un escenario político similar al vivido con Perú Libre, sugiriendo que el reconocimiento condicionado o la postura crítica es una medida preventiva ante la situación actual.
Respecto a la legitimidad de la victoria, Ayala reconoció que existe una distinción entre la legalidad formal y el respaldo popular. Afirmó que, si bien Keiko Fujimori podría contar con la legitimidad administrativa y legal que le otorga el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE —entidad que, según él, legalizará el proceso en su momento—, esta es distinta a la legitimidad que se manifiesta en "el pueblo y las calles", la cual calificó como "escasa".
No obstante, el vocero señaló que la llegada de Fujimori al poder representa una oportunidad para la propia mandataria. Según Ayala, el hecho de encabezar el Ejecutivo le brindaría la posibilidad de intentar "limpiar toda esta historia fatal" que acompaña al apellido Fujimori, sugiriendo que su gestión podría ser el camino para redimir la imagen de su familia en la historia política peruana.
Finalmente, Walter Ayala planteó una condición fundamental para garantizar el equilibrio de poderes en el próximo periodo gubernamental. Sostuvo que el fujimorismo no debe integrar la Mesa Directiva del Congreso de la República. El abogado advirtió que sería contraproducente que Keiko Fujimori concentre el poder tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, ya que, en un escenario así, no existiría un control efectivo sobre las acciones del gobierno.
En conclusión, la postura de Juntos por el Perú, expresada a través de Walter Ayala, es de rechazo a la legitimidad del gobierno entrante debido a las supuestas nulidades en la ley de voto en el extranjero, aunque reconozca la probable formalización del resultado por parte de los organismos electorales.
