Un grupo compuesto por cinco ciudadanos venezolanos ha presentado una denuncia formal contra el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante una corte federal del Distrito Este de Nueva York. El documento, radicado este martes, señala al exmandatario por su presunta responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales de seis personas, quienes eran familiares de los denunciantes, en hechos ocurridos entre los años 2017 y 2021.
Esta acción legal surge en un momento procesal crítico para el expresidente, ya que se aproximan los seis meses del operativo militar llevado a cabo el pasado 3 de enero, fecha en la cual Estados Unidos capturó a Maduro en la ciudad de Caracas. Actualmente, el exmandatario se encuentra detenido en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas, acusaciones que ha rechazado sistemáticamente. Maduro se declaró no culpable de dichos delitos y permanece a la espera de su próxima audiencia judicial, la cual ha sido aplazada hasta el 22 de julio.
Según los detalles expuestos en la denuncia, las ejecuciones fueron presuntamente ejecutadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Este grupo de élite, perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), operaba bajo el mando directo de Nicolás Maduro. Aunque el documento legal no revela las identidades de los denunciantes ni de las víctimas para proteger su privacidad, especifica que cinco de los asesinados eran hombres jóvenes y la sexta víctima era un adolescente. El texto alega que estas personas fueron ejecutadas por integrantes de las FAES mientras se encontraban en sus hogares o en las inmediaciones de los mismos.
La demanda profundiza en el origen y la función de las FAES, indicando que fueron creadas por Maduro en 2017 con el propósito oficial de combatir el crimen organizado y el narcotráfico. No obstante, el documento sostiene que el expresidente utilizó este cuerpo policial como un instrumento político y un mecanismo de control social. El objetivo, según la denuncia, era suprimir violentamente cualquier forma de disenso, eliminar a la oposición política y generar un estado de terror en los vecindarios de bajos ingresos. En este sentido, el texto afirma que las FAES son ampliamente consideradas como un "grupo de exterminio" o un "escuadrón de la muerte".
Si bien la demanda actual se enfoca específicamente en seis casos concretos para los cuales los denunciantes solicitan una compensación, el documento advierte sobre una magnitud mucho mayor de violencia. Se señala que las FAES fueron presuntamente responsables de al menos 1.300 muertes entre 2017 y 2020, aunque se menciona que diversas organizaciones no gubernamentales estiman que la cifra real de víctimas podría ser considerablemente superior.
Este caso no representa la primera vez que Nicolás Maduro es señalado por abusos a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales durante su gestión, la cual inició en 2013 tras el fallecimiento de Hugo Chávez. En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas estableció una Misión internacional independiente con la tarea de investigar y evaluar posibles violaciones de derechos humanos en Venezuela desde el año 2014.
Las conclusiones de dicha Misión, publicadas en diciembre de 2025, indican que existen motivos razonables para creer que el entonces presidente, junto con los ministros del Interior y de Defensa, y otros altos funcionarios políticos y militares —incluido el alto mando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)— pueden ser considerados responsables de ordenar o contribuir a la comisión de los delitos documentados. El informe de la ONU subraya que estas personas de alto rango poseían la capacidad efectiva para adoptar medidas preventivas y represivas, pero decidieron no hacerlo.
A lo largo de su mandato, tanto Maduro como otros funcionarios de alto nivel rechazaron repetidamente las acusaciones de abusos contra los derechos humanos señaladas por la Misión de la ONU y diversas organizaciones civiles. Respecto a la nueva denuncia presentada en Nueva York, se ha contactado a los abogados de Maduro en Estados Unidos para obtener sus comentarios, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.
