La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República han emitido una directriz conjunta mediante la cual advierten al Gobierno nacional sobre la obligatoriedad de entregar un informe de gestión exhaustivo. Este documento debe contener información detallada y precisa sobre los asuntos y los recursos públicos que fueron ejecutados, así como aquellos que permanezcan pendientes al cierre del periodo administrativo.
A través de la Directiva Conjunta No. 001 de 2026, los entes de control han puesto el foco en la transparencia de la gestión contractual. El documento señala explícitamente que todos los contratos suscritos, ejecutados, liquidados y aquellos que aún se encuentren en curso deben estar debidamente publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Esta medida busca que exista un registro trazable y accesible de los compromisos adquiridos por el Estado.
En este sentido, la directriz enfatiza que la administración entrante debe recibir información clara, actualizada y veraz sobre diversos aspectos críticos de la contratación pública. Entre los puntos clave se encuentran los contratos que están próximos a vencer, los procesos que se encuentran actualmente en trámite y, de manera muy particular, aquellos contratos que presenten dificultades de ejecución, incumplimientos contractuales o que tengan sanciones en curso. El objetivo es evitar vacíos administrativos que puedan afectar la prestación de los servicios o la gestión de los recursos.
Asimismo, la Procuraduría y la Contraloría exhortaron al gobierno saliente, así como a todas las entidades de la Rama Ejecutiva que forman parte del proceso de transición, a publicar los informes de empalme y sus respectivos documentos de soporte. Los entes de control subrayaron que se debe garantizar el acceso público a esta información, haciendo la única excepción en aquellos datos que cuenten con una reserva legal debidamente establecida.
La directriz hace un llamado a que la información entregada sea suficiente, verificable y oportuna. Esto abarca no solo los aspectos contractuales, sino también asuntos administrativos, presupuestales y misionales. Según los organismos de control, la entrega rigurosa de estos datos es fundamental para garantizar la continuidad institucional y, al mismo tiempo, para evitar que los funcionarios responsables incurran en posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales o de otra naturaleza debido a omisiones en el traspaso de mando.
Un punto relevante de la comunicación es el recordatorio dirigido a los integrantes del gobierno saliente sobre la identificación de competencias concurrentes. Los entes de control instan a que se deje constancia clara de aquellos asuntos que involucren el ejercicio de competencias compartidas entre distintos niveles de gobierno. Además, se solicita detallar las situaciones en las que, aplicando el principio de subsidiariedad, otra administración haya tenido que asumir funciones específicas con el fin de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía o asegurar el acceso efectivo a servicios públicos esenciales.
Finalmente, la Procuraduría y la Contraloría justificaron estas exigencias señalando que el propósito fundamental es permitir que la administración entrante conozca con exactitud el alcance de las obligaciones institucionales que se encuentran en curso. Solo a través de un conocimiento detallado de las entidades comprometidas y de las medidas que deban mantenerse, ajustarse o articularse, será posible asegurar la continuidad de la gestión pública y evitar retrocesos en la administración del Estado.
