El proceso judicial contra José María Balcázar, quien actualmente desempeña las funciones de presidente interino de Perú, ha dado inicio formal este martes. El mandatario enfrenta cargos por apropiación ilícita, basándose en la presunta desviación de recursos económicos pertenecientes al Colegio de Abogados de Lambayeque hacia sus cuentas bancarias personales durante el tiempo en que ejerció el cargo de decano de dicha institución profesional.
El juicio oral fue instalado por el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, perteneciente a la Corte Superior de la región Lambayeque, ubicada en el norte del país. Según la tesis sostenida por la Fiscalía, Balcázar administró fondos institucionales entre los años 2019 y 2020, periodo durante el cual presuntamente se habría apropiado de una parte de esos recursos.
La investigación conducida por el Ministerio Público detalla que se realizaron diversos pagos por parte de los abogados agremiados a la institución. Sin embargo, estos fondos no fueron ingresados correctamente en las cuentas oficiales del colegio profesional. En su lugar, la Fiscalía sostiene que una porción de ese dinero terminó depositada en las cuentas personales del actual presidente interino.
Durante la audiencia, que se llevó a cabo de manera virtual, José María Balcázar tuvo que proporcionar sus datos personales al tribunal. El acusado informó que tiene tres hijos y que no posee antecedentes penales. Respecto a su situación actual, señaló que su domicilio se encuentra en el Palacio de Gobierno en Lima y que sus ingresos mensuales oscilan entre los 20.000 y los 30.000 soles, lo que equivale a un rango de entre 5.800 y 8.800 dólares estadounidenses.
La defensa técnica de Balcázar, liderada por el abogado Víctor Pariona, ha planteado una serie de solicitudes legales para intentar frenar o anular el proceso. En primer lugar, presentó una solicitud de excepción de prescripción de la acción civil. Como argumento subsidiario, pidió la suspensión del proceso basándose en la edad del acusado, quien cuenta con 83 años, y señalando que los hechos presuntamente delictivos ocurrieron cuando el mandatario ya superaba los 65 años.
En relación con la prescripción, Pariona sostuvo que, basándose en la jurisprudencia vigente, el plazo para solicitar una reparación civil expira a los dos años de haberse archivado la acción penal. Bajo esta premisa, el abogado aseguró que la acción civil en este caso particular ya venció el pasado 12 de junio de 2026.
Un punto central de la defensa ha sido la condición actual de Balcázar como jefe de Estado interino. Pariona argumentó que, debido a este cargo, el acusado no puede ser sometido a juicio mientras ejerza sus funciones. Por ello, solicitó formalmente que el proceso se suspenda hasta el 28 de julio de 2026, fecha programada para la conclusión de su mandato y la asunción de la presidenta electa, Keiko Fujimori, quien ganó las elecciones presidenciales.
No obstante, el Ministerio Público rechazó tajantemente estas peticiones. La Fiscalía argumentó que la acusación se encuentra plenamente vigente y dentro de los plazos legales establecidos. Según la interpretación normativa de los fiscales, la acción civil no vencería en la fecha señalada por la defensa, sino el 17 de junio de 2027. Ante estas posturas encontradas, el juez informó que se reserva la decisión y que notificará la resolución a las partes interesadas.
Es relevante recordar que el Congreso nombró a Balcázar como jefe del Gobierno de transición el pasado mes de febrero. En aquel momento, su abogado había sostenido una postura distinta a la actual: argumentó que, dado que el proceso judicial se había iniciado antes de que Balcázar asumiera la jefatura de Estado, el mandatario no contaba con la inmunidad otorgada por el cargo ni con las prerrogativas correspondientes a su condición de congresista, cargo que ejerce desde el año 2021.
A pesar de las solicitudes de suspensión, el abogado Víctor Pariona reconoció un hecho clave durante el proceso: admitió que, efectivamente, fondos pertenecientes al Colegio de Abogados de Lambayeque fueron depositados en las cuentas personales del actual gobernante. Sin embargo, justificó esta acción alegando que se trató de un "tema administrativo" y aseguró que el dinero fue destinado finalmente a la institución.
Finalmente, se ha revelado que José María Balcázar fue notificado sobre la fecha de inicio de este juicio el pasado 5 de septiembre. Este dato es significativo ya que implica que el mandatario tenía pleno conocimiento de su situación procesal cuando se presentó como candidato para suceder en la presidencia interina a José Jerí, quien fue destituido debido a presuntas acusaciones de tráfico de influencias.
