La capital de Honduras se encuentra nuevamente en el centro de un debate crítico sobre la seguridad estructural y la planificación urbana. Tras el derrumbe de un complejo de bodegas ubicado en las inmediaciones del Anillo Periférico, un suceso que lamentablemente dejó víctimas mortales, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, ha hecho un llamado enérgico a las autoridades competentes para fortalecer la supervisión de los permisos de construcción y optimizar la gestión del riesgo en el Distrito Central.
Para la representante del CNA, este trágico evento no debe ser interpretado ni archivado bajo la etiqueta de un simple “accidente natural”. Castellanos fue enfática al señalar que atribuir el colapso únicamente a la geografía accidentada de la zona o a la incidencia de las lluvias es un error que invisibiliza las responsabilidades humanas e institucionales. En su lugar, propuso que este hecho sirva como un punto de inflexión necesario para cuestionar y reformular la cultura de la prevención en Honduras, así como la rigurosidad con la que el Estado y los gobiernos locales administran el crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad.
En su análisis, Castellanos detalló la complejidad geográfica de Tegucigalpa y Comayagüela, describiéndolas como una cuenca rodeada de cerros con una geología particularmente frágil. Según la directora, la capital se caracteriza por poseer suelos inestables y la presencia de fallas activas, además de laderas compuestas por capas de roca y barro que son propensas a los deslizamientos. Bajo esta premisa, subrayó que cualquier proyecto de construcción en la capital debe basarse en un respeto absoluto por la topografía del terreno; no obstante, lamentó que, históricamente, el desarrollo urbano se haya llevado a cabo con una alarmante falta de previsión.
La Directora Ejecutiva del CNA enfatizó que, dada la vulnerabilidad extrema del Distrito Central, la prevención no debe verse como una opción administrativa, sino como una obligación de supervivencia para los ciudadanos. Advirtió que la naturaleza emite señales claras y que factores como la saturación de los suelos o la alteración de desniveles sin la implementación de las obras de mitigación adecuadas representan, en esencia, una tragedia anunciada que puede evitarse con una gestión técnica responsable.
En cuanto a la responsabilidad gubernamental, Castellanos recalcó que el Estado tiene el deber de ejercer su autoridad con mano firme. En este sentido, señaló que las alcaldías, y específicamente la municipalidad del Distrito Central, deben asumir un rol protagónico en la seguridad ciudadana, transformando la Dirección de Control Urbano en el primer y más riguroso filtro de seguridad para cualquier obra civil.
La crítica de la directora del CNA se extendió hacia la actual metodología de otorgamiento de licencias. Denunció que no es aceptable continuar emitiendo permisos de construcción y operación basándose en revisiones superficiales. Asimismo, instó a las autoridades a no relegar las exigencias técnicas ni los estándares de seguridad en nombre del dinamismo económico. Para Castellanos, el crecimiento económico no puede estar por encima de la vida humana ni de la estabilidad estructural de la ciudad.
Como medida concreta para mitigar estos riesgos, la funcionaria refirió que toda licencia de construcción otorgada en zonas de ladera o en áreas próximas a cerros debe estar sustentada obligatoriamente en estudios geotécnicos rigurosos e independientes. Estos estudios permitirían determinar la viabilidad real de las obras y garantizar que las estructuras cuenten con el soporte necesario para resistir las condiciones geológicas del terreno.
Finalmente, la exhortación de Gabriela Castellanos pone de manifiesto la urgencia de transitar hacia un modelo de gestión urbana donde la técnica y la prevención prevalezcan sobre la improvisación, evitando que nuevos derrumbes sigan cobrando vidas en una ciudad marcada por su fragilidad topográfica.
